El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, habló el fallo de la Corte Suprema que no dio lugar al desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el funcionario sostuvo que la resolución es “a favor de la salud pública y la autonomía de la Provincia”.
En ese sentido, Guido Lorenzino manifestó que “la Corte Suprema, que finalmente no hizo lugar al pedido de Farmacity que pretendía no adecuarse a la Ley Provincial de Farmacias, desconociendo una norma que había sido votada por todas la fuerza políticas y fue ratificada en todas la instancias judiciales, Cámara y Corte”.
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La Cámara Argentina de la Construcción emitió un duro comunicado en el que advirtió por la caída de la actividad, la falta de inversión y los contratos pendientes. “Queremos ser parte de la solución”, remarcaron.
“Es una ley razonable y busca que el que quiera invertir en la Provincia en tema farmacias tenga reglas claras que prioricen la salud pública por sobre la rentabilidad”, agregó el Defensor del Pueblo bonaerense.
Además, remarcó que “Farmacity no había aceptado esto, y busco todas las instancias judiciales, entendiendo que quien era el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, era su propietario, y el ex apoderado de la empresa era Carlos Rosenkrantz, actual miembro de la Corte, que se excusó en esta causa, y que obviamente durante los 4 años de la gestión anterior sospechamos que esto podía salir de manera desfavorable”.
Más adelante, Lorenzino destacó el fallo del máximo tribunal y señaló que “priorizó el criterio de la autonomía de las Provincias, de las leyes constitucionales que nuestra Provincia tiene y que han sido ratificadas por las instancias judiciales. Así que Farmacity deberá adaptarse y no podrá tener un fallo a su medida”.
Farmacity S.A. promovió una demanda contra la Provincia con el objeto de obtener la declaración de nulidad de determinados actos por los cuales se le denegó una solicitud genérica para operar en territorio bonaerense y un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar.
La resolución de la Corte Suprema tuvo tres votos a favor (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y el conjuez Martín Irurzun) y uno en contra (Mirta Gladis Sotelo de Andreau).
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