Los empresarios de colectivos de la Provincia de Buenos Aires ya abrieron el paraguas y se manifestaron alertas por la posibilidad de una inminente reapertura de paritarias del gremio que nuclea a los choferes, la UTA, y le enviaron un mensaje al Gobierno.
A través de un comunicado firmado por las autoridades de las cinco cámaras empresariales, se dirigieron al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, para solicitarle una audiencia “urgente” para resolver el conflcito.
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La idea de los empresarios es que la reunión “posibilite analizar en forma conjunta la difícil situación sectorial y la evolución de los acontecimientos desde la firma del último acuerdo paritario suscripto el día 10 de julio pasado”.
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Según argumentaron, la economía de las empresas “se encuentra en una situación de extrema debilidad”, al tiempo que señalaron como factores que hacen más compleja la situación los precios de los insumos, a lo que deben agregarse algunos valores “especialmente distorsionados” como el caso de los vehículos y los neumáticos.
En la misiva, marcaron como excepción “los salarios y el combustible”. Según marcaron en la misiva, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) planteó ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social una reapertura de la negociación paritaria.
“Se reitera la necesidad de urgentemente encaminar y dar viabilidad a la normal continuidad de las prestaciones, con carácter previo a la suscripción de un nuevo acuerdo salarial”, plantearon.
El último gran conflcito ocurrió en julio, cuando hubo un paro de colectivos que afectó a millones de personas durante 17 horas y que desató la furia de Sergio Massa contra los empresarios. En ese momento, el Ministerio de Transporte y representantes de las diferentes cámaras se reunieron para alcanzar acuerdos.
A fines de mes, a través de la Resolución 423/23, el Ministerio de Transporte de la Nación destinó 18.000 millones de pesos para las empresas de transporte público de colectivos. Estos recursos corresponden al Fondo de Compensación que originalmente era de $10.500.000.000. Las compañías venían reclamando su actualización.
El gremio venía reclamando una recompensación salarial y las empresas decían que no podían afrontarlo por la desactualización que arrastraba este Fondo. El conflicto se destrabó luego de la apertura de una mesa de negociación entre las tres partes. En esa instancia, el Estado había reconocido el desfasaje entre la estructura de costos de las empresas y los subsidios que recibían en concepto de compensaciones aunque también hubo fuertes críticas hacia el sector.
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