A días de dejar el cargo, el titular de la ANAC, Tomás Insausti, fue denunciado en la justicia penal por haberse “autoconcedido” la licencia de piloto comercial. Se lo acusa de pagarse las clases privadas con fondos públicos del organismo aeronáutico por el monto de un millón de pesos. La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del juez federal Sebastián Ramos
Insausti vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera que se habría facilitado la licencia de piloto comercial el 28 de noviembre, a sólo diez días de irse del organismo. Según indicó el sitio especializado “Aviación en Argentina”, ese día rindió el examen final para recibirse en la Escuela de Vuelo del Aeropuerto Provincial de La Plata.
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La controversia estalló cuando se conocieron los detalles del episodio que protagonizó el hombre que Mauricio Macri designó para manejar la aviación comercial en Argentina desde enero de 2018 hasta la actualidad y que tuvo un rol clave en la irregular habilitación del aeropuerto El Palomar. El “libro de vuelo” que lo habilitó fue foliado por los funcionarios Aníbal Pena y Gabriela Villegas del Departamento de Foliado de la ANAC. De este modo, se sospecha que al ser empleados del funcionario, habrían permitido varias irregularidades para “allanarle” el camino para tal fin.
Las versiones indican que realizó todas las horas de vuelos bajo el uso de aviones oficiales de la entidad, modelo Cessna 182 matrícula LV-CNB y LV-CNC, algo expresamente prohibido por ley ya que un funcionario público no puede usar bienes del Estado para usufructo y beneficio personal.
Según consta en el SIAC (Sistema Integrado de Aviación Civil), Insausti figura con 91 movimientos -despegues- todos realizados y asentados con los aviones Cessna que son propiedad de la ANAC y sólo pueden ser utilizados con fines públicos que debe cumplir el organismo aeronáutico.
Pero el punto más polémico fue la acusación de que gastó alrededor de un millón de pesos de fondos públicos para pagarse las horas de vuelos para clases privadas que le permitieron recibirse de piloto comercial, tal como publicó “Aviación en Argentina”.
Por todos estos ilícitos, fue denunciado en sede penal este miércoles y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del juez federal Sebastián Ramos. En la presentación, que quedó radicada en Comodoro Py, fue acusado por “malversación de caudales públicos”, “peculado”, “abuso de autoridad”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “cohecho agravado”, por lo que corre el riesgo de ser condenado a hasta 20 años de prisión efectiva.
A su vez, fue denunciado por “asociación ilícita” junto a su amigo Osvaldo Giannini, a quien designó en el cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional. Sin embargo, Giannini lejos de cumplir esa función fue descubierto por darle las clases privadas de aviación a su compañero en dicho proceso. Recientemente una liquidación de honorarios que cobró el director se filtró y dio cuenta de lo que se denuncia como un “desfalco millonario”, ya que la ANAC le pagó más de 300 mil pesos por sólo dos horas de instrucción privada de vuelo a Insausti.
Por último, en la denuncia penal se solicitó al magistrado Sebastián Ramos que anule las irregulares licencias de piloto comercial que Insausti recibió tras cometer los presuntos ilícitos (Licencia de Piloto Privado de Avión, multimotor terrestre hasta 5.700 kgs y la de Piloto Comercial de Avión con HVI).
Insausti y Giannini enfrentan una denuncia en la que pueden ser condenados a hasta 20 años de prisión efectiva.
Insausti, el funcionario clave en la presunta habilitación irregular del Aeropuerto El Palomar
No es la primera vez que Insausti protagoniza un escándalo y este año fue denunciado por haber estrellado una avioneta en presunto estado de ebriedad, y pocos días más tarde, se lo acusó por chocar a una mujer con un auto oficial de la ANAC tras lo cual falseó la declaración del seguro para no pagarle a la víctima.
El cuestionado sujeto pasó a la fama el 31 de mayo de 2013 cuando, como jefe de patrimonio de la Ciudad durante la jefatura de gobierno de Mauricio Macri, entró a los golpes y por la fuerza en el predio de la Casa Rosada para treparse y abrazarse al Monumento a Cristóbal Colón. Allí fue detenido por la guardia presidencial, que luego confirmó su estado de ebriedad.
La estrecha amistad que lo une con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue lo que le permitió acceder a controlar el máximo organismo de la aviación argentina, a pesar de no tener ninguna experiencia en la materia. Su llegada tuvo como objetivo central facilitar el ingreso de las low cost al controvertido Aeropuerto El Palomar. Ahora, es investigado por varios ilícitos que habría cometido en la irregular habilitación de la base militar para uso de Flybondi y Jetsmart.
Antes de manejar la aviación argentina, trabajó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2011 hasta 2015 cuando se desempeñó en distintos cargos, siempre bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Allí trabajaba en tándem con Patricio Di Stéfano, quien ocupa la presidencia del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto (ORSNA) hasta el 10 de diciembre y está procesado en una causa penal por haber sido “dipu-trucho”. Además está imputado en la causa por la Tragedia de Ezeiza del 26 de septiembre que terminó con un derrumbe, muertos y heridos. Ambos eran los encargados de llevar adelante violentos operativos contra artesanos, músicos y manteros que trabajaban en la vía pública en la zona de San Telmo y Once, entre otras.
La participación clave de Insausti en la habilitación irregular del Aeropuerto El Palomar lo dejó en la mira de la justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomara el caso e hiciera lugar al planteo de los vecinos de Hurlingham y alrededores que litigan contra el uso comercial de la base militar. El máximo tribunal ya comenzó a exigir explicaciones a la administración macrista por los presuntos delitos e irregularidades cometidos en el permiso concedido, que fueron avalados por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández de la Cámara de Apelaciones de San Martín.
Di Stefano,ocupó la presidencia del ORSNA durante la administración de Macri y está imputado por la Tragedia de Ezeiza.
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