El Senado trata la reestructuración de la deuda y el teletrabajo

El Senado sesionará hoy para tratar el proyecto sobre sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación local y la nueva ley de teletrabajo que el oficialismo buscará aprobar sin cambios, pese a objeciones de la oposición y del sector empresarial.

Respecto a la reestructuración, tras haber obtenido dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta la semana pasada, el proyecto será discutido en la sesión especial convocada para las 14 y se descuenta su aprobación con el apoyo incluso de las bancadas de la oposición.

La intención es girarlo inmediatamente a la Cámara de Diputados y que sea convertido en ley en los primeros días de agosto. El proyecto establece que los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Entre otras cuestiones, la iniciativa destaca que la capacidad de repago de la Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.

El proyecto sobre teletrabajo, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, sería convertido en ley por el oficialismo, que rechazó las propuestas de modificaciones hechas por Juntos por el Cambio y cámaras empresariales.

La iniciativa establece una serie de principios generales para la nueva modalidad laboral y deja las regulaciones específicas en manos de los convenios colectivos de cada sector.

Asimismo establece que la remuneración del teletrabajador no podrá ser inferior a la que percibe el empleado que realiza tareas en modo presencial y fija el “derecho a la desconexión”. A su vez, señala que el teletrabajador podrá revertir esa modalidad cuando quiera volver al trabajo presencial, lo cual es uno de los puntos más criticados por los empresarios, que consideran que esto chocaría con la capacidad de dirección y organización que compete a los empleadores.