“Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos“. La frase, pronunciada por Demián Reidel, jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, frente a un auditorio de empresarios, CEOs petroleros, multimillonarios y funcionarios en el lujoso hotel Four Seasons de Buenos Aires, no pasó desapercibida. No solo por su crudeza, sino porque parece condensar el espíritu de un modelo que prioriza el capital extranjero por sobre la soberanía y el bienestar de quienes habitan el país.
Reidel fue uno de los oradores de la tercera edición del Latam Forum, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), un evento que reunió a figuras clave del mundo corporativo para hablar sobre energía sustentable y oportunidades estratégicas de inversión en América Latina. En ese marco, describió a la Argentina como un territorio con condiciones privilegiadas para los negocios: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI, y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades“.
Pero fue su conclusión la que encendió las alarmas. Afirmar que el problema es “que está poblado de argentinos” revela, más que una torpeza discursiva, una mirada ideológica: los recursos están, el entorno también, pero lo que molesta, o se presenta como obstáculo, es la propia población. Esa visión, que reduce al país a una “oportunidad” deshabitada para la inversión extranjera, resulta especialmente inquietante en un momento donde millones de argentinos sufren las consecuencias de un ajuste brutal.
Desde su llegada al poder, Milei y su equipo han insistido en que el camino para salir de la crisis es abrirse al mercado global, seducir capitales y desregular la economía. Sin embargo, esa apertura no hasta el momento no trajo inversiones significativas, mientras sí se profundiza el deterioro social, con jubilados que no alcanzan a cubrir sus medicamentos, y familias que deben elegir entre pagar tarifas impagables o comer.
“Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez”, agregó Reidel, en línea con una política que parece más interesada en vender los recursos naturales al mejor postor que en integrarlos a una estrategia nacional de desarrollo.
