El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentó un nuevo proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para simplificar el proceso de divorcio, proponiendo que la disolución del matrimonio pueda realizarse por vía administrativa, sin necesidad de recurrir a un procedimiento judicial.
El proyecto plantea la implementación de un “divorcio simplificado, con mayor libertad y menos costos”, permitiendo que los cónyuges puedan, mediante un acuerdo mutuo, disolver su vínculo matrimonial de forma más rápida y económica. Esta iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y busca modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, añadiendo el divorcio en sede administrativa como una nueva causal de disolución del matrimonio.
Actualmente, la legislación sólo reconoce como causas de disolución matrimonial “la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, y el divorcio declarado judicialmente”. La propuesta remarca que el proceso judicial tradicional “demanda tiempo y dinero”, implicando costos sustanciales y limitaciones para las partes en la disposición de sus bienes. En contraste, el divorcio administrativo brindaría “mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida”, según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger.
Además, la iniciativa modifica el artículo 437 del Código Civil y Comercial, que actualmente estipula que el divorcio debe ser decretado judicialmente a petición de uno o ambos cónyuges. La nueva versión propone una segunda opción: “el divorcio se decreta en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”.
El proyecto también introduce cambios al artículo 51 de la Ley 26.413, que establece las inscripciones en los libros de matrimonios. A las actuales disposiciones, se añade un nuevo inciso: “f) El divorcio en sede administrativa”, lo que ampliaría las posibilidades de registro de estos procedimientos.
El lunes, junto con este proyecto, el Ministerio envió al Congreso otra propuesta legislativa para agilizar el proceso de retiro de fondos de depósitos judiciales, permitiendo que se puedan extraer sin la necesidad de transferir el dinero previamente a una sucursal del Banco Nación y sin la presentación de un “formulario de libramiento” ante el juez correspondiente.
El Gobierno impulsa la Ley Hojarasca para eliminar leyes obsoletas
Mientras la Cámara de Diputados inicia el debate sobre el presupuesto 2025, el Gobierno busca desviar la atención hacia la “Ley Hojarasca”, un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa, enviada al Congreso por el presidente Javier Milei, propone derogar 75 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”. Entre las normas a eliminar se encuentran regulaciones que datan de la presidencia de Isabel Perón y de varios gobiernos de facto, mientras que no se incluyen leyes de los mandatos de Raúl Alfonsín, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, ni Alberto Fernández.
El proyecto de la Ley Hojarasca incluye la derogación de leyes que han perdido relevancia o aplicación, como la Ley 19.787 de 1972, que restringe la selección musical en las radios, y la Ley 22.964 de 1983, que permite el confinamiento forzoso de personas con lepra. Además, se plantea eliminar la Ley 25.750 de 2003, que limita la participación extranjera en los medios de comunicación a un 30%, argumentando que afecta el derecho de propiedad y es de dudosa constitucionalidad.
Sturzenegger, al defender el proyecto, citó a un jurista norteamericano para resaltar la inconveniencia de un exceso de leyes en la sociedad, y recordó que, tras el mega DNU 70/23 de diciembre, tiene previstas más de 160 reformas adicionales.
