El Gobierno de Javier Milei avanzó este lunes con una nueva etapa de su plan de reconversión del sistema de registros del automotor y dejó encaminado el cierre, la supresión o la unificación de cerca de 400 Registros Seccionales en todo el país. La medida impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires, donde varias oficinas deberán cerrar definitivamente y otras perderán su estructura actual.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia y forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, con el que la administración libertaria busca reducir estructuras, concentrar funciones y avanzar en la digitalización de los trámites.
Según la reorganización dispuesta por el Gobierno, la reducción alcanza a 368 Registros mediante procesos de unificación, mientras que también se dispuso la supresión de otras oficinas y el cierre operativo de dependencias cuya eliminación ya había sido definida en resoluciones anteriores.
Los Registros que deberán cerrar en la provincia de Buenos Aires
Dentro de la provincia de Buenos Aires, hay seis unidades que deberán cerrar sí o sí en el marco de la nueva etapa del proceso: Mar del Plata N.º 2, La Matanza N.º 3, Mar del Plata N.º 9, Olivos N.º 7, Ituzaingó N.º 1 y Motovehículos de Morón C.
Pero el impacto de la medida en territorio bonaerense no se limita a esos seis casos. Se agregan las dependencias cuya supresión ya había sido resuelta a través de las disposiciones 272/2024 y 19/2025, aunque hasta ahora su cierre operativo dependía de los tiempos establecidos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Entre ellas figuran los Registros Olavarría N.º 1, Necochea N.º 2, Lanús N.º 6, Esteban Echeverría N.º 3, Bahía Blanca N.º 6 y Lanús N.º 7.
También quedaron comprendidos los Registros de Motovehículos de Bragado A, Motovehículos de Necochea B y Motovehículos de Lanús B, además del Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Olavarría.
Con la nueva resolución, esas oficinas tienen ahora un plazo máximo de 30 días hábiles para cerrar definitivamente sus operaciones.
Menos oficinas y más digitalización
La medida constituye una nueva estocada en el proceso de reducción de la estructura registral que impulsa el Gobierno nacional desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
El argumento oficial es que existen oficinas que, pese a mantener diferentes denominaciones y competencias, funcionan en los hechos bajo la administración de un mismo encargado o interventor. La decisión apunta, por lo tanto, a formalizar esa concentración de funciones y reducir la cantidad de estructuras administrativas.
El Ministerio de Justicia también vinculó la decisión con la necesidad de avanzar en una mayor simplificación administrativa, optimización de recursos y transformación digital del sistema automotor.
