La resolución PGN 3544/17 que lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, se publicó en diciembre de 2017 y anunciaba la creación de una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional. Finalmente se concretó bajo el nombre de Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT).
Desde que se anunció, la secretaría tuvo amplia resistencia de varios sectores sociales a pesar que desde la misma Procuración se sostuvo que no se apunta a hechos locales. Sucede que no existen causas vinculadas a actos terroristas, salvo el atentado a la Embajada de Israel de 1992, en el que el propio Casal es fiscal ante la Corte.
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En este sentido, la legisladora porteña Myriam Bregman sostuvo que la resolución es un intento de avanzar a tono con las políticas antiterroristas de Estados Unidos. Y agregó: “cuando en 2016 se trató la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EEUU y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) también lanzaron la luz de alerta tras conocerse la resolución el año pasado: “Quieren crear una nueva estructura dedicada al ‘terrorismo’ en el Ministerio Público Fiscal. Sabemos contra quien la van a utilizar, ¡Basta de criminalizar la protesta social!”, advirtieron.
A pesar de la polémica, se creó la Secretaría que funcionará dentro de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “en atención a la especialidad de la materia y a la circunstancia de que dicha área ha intervenido en las causas relativas a los atentados terroristas sufridos en territorio de la República, ya sea representando a este Ministerio Público en el proceso de jurisdicción originaria que tiene por objeto el atentado a la Embajada de Israel, o bien en la última etapa recursiva de las causas vinculadas al ataque a la sede de la AMIA, a lo que se agrega la colaboración con la Unidad Fiscal especialmente creada para su investigación, en razón de los numerosos puntos de contacto objetivos y subjetivos existentes entre ambos atentados”, versa la resolución.
El Gobierno busca, entonces, combatir el terrorismo internacional y el “extremismo violento”, y sostiene que la “resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace explícito el vínculo entre extremismo violento y el terrorismo, reconoce la necesidad de su prevención y recalca que tales medidas estén en consonancia con las normas internacionales”.
La estructura funcionará “como usina generadora de procedimientos eficaces con miras al fortalecimiento de una estrategia integrada de prevención y persecución contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.
Desde el ministerio se destaca la creación de una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional para dotar al Ministerio Público Fiscal de la Nación de las herramientas necesarias para un abordaje integral del extremismo violento que conduce al terrorismo internacional y socava la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos, sin que ningún país sea ajeno a ello”.
El propio Gobierno niega la persecución local y señala que “se propiciará una plataforma institucional y normativa, acorde con los estándares internacionales, que evite la “criminalización de la protesta” y se adoptarán reglas de juego claras que evitarán la confusión de conceptos y regularán la actuación de los actores estatales en consonancia con las obligaciones y los límites impuestos por nuestra constitución nacional y el imperio de la ley”.
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