La profunda reforma que el presidente Mauricio Macri quiere realizar en las Fuerzas Armadas, podría ir contra dos leyes –promulgadas en diferentes momentos de la democracia- y un decreto presidencial firmado en 2006.
Se tratan de la Ley de Defensa Nacional (1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín) y la Ley de Seguridad Interior (1991, durante el gobierno de Carlos Menem).
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Es por esto, que incluso derogando el decreto 927/2006 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas para uso de Seguridad interior, podría entrar en contradicción con las anteriores leyes nombradas.
Sin embargo, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que una “maniobra” jurídica podría darle carácter de legalidad al decreto que firmará el presidente Macri, asignándole a las Fuerzas Armadas el rol que tuvieron durante la última dictadura cívico-militar, en donde los militares desaparecieron a 30 mil personas.
“Mientras el decreto no entre en contradicción con las leyes, no debería pasar por el Congreso. Pero no es así, se convertiría en ilegal”, le dijo a este medio, Manuel Trufo – Coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional.
El decreto se daría a conocer en los próximos días, aunque todavía faltan argumentos sólidos sobre los reales motivos para llevar a cabo esta reestructuración de las Fuerzas, que pasarán a patrullar las fronteras del país y de esta forma, liberar el uso de Fuerzas de Seguridad, como Prefectura y Gendarmería, para los grandes centros urbanos.
Las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo el Gobierno Nacional anunció que hará cambios y romperá un acuerdo de la democracia Argentina. pic.twitter.com/FgCAC9xc7u
— Centro de Estudios Legales y Sociales (@CELS_Argentina) 23 de julio de 2018
Lo poco que pudo justificar el gobierno de Cambiemos es la necesidad de combatir las “nuevas amenazas” que presenta el país, principalmente el narcotráfico y el “terrorismo”. Aunque en un contexto de cada vez mayor ajuste y crisis social, más fuerzas de Seguridad en las calles también podría ser una estrategia del gobierno para contener un posible estallido.
Para el CELS, estas son políticas “promovidas por los Estados Unidos desde los años 90”, que recién desde el gobierno de Mauricio Macri están pudiendo hacer mella en el país.
Esto se debe a que, según Trufo, “no todos los países tenían una distinción tinta clara entre ley de Defensa Nacional y Seguridad Interior”.
Pero, al igual que con las recetas del Fondo Monetario Internacional, la búsqueda de involucrar las FFAA para el uso interior no ha traído buenos resultados en países de la región, como Colombia y Brasil.
Allí, desde que los militares comenzaron a hacerse cargo de la Seguridad interna, han crecido los casos de asesinatos y de violación de los Derechos Humanos.
En Argentina, la justificación de las Fuerzas Armadas pareciera encaminarse a combatir el narcotráfico, pero también a sectores que el gobierno ha catalogado “fuera de ley”, como los grupos mapuches que protestan por la soberanía de sus tierras en el sur.
“No hay justificación para que el terrorismo sea central en la agenda. En este sentido, se busca justificar un enemigo como los mapuches”, agrega el especialista.
Aunque incluso por el tema del control del crecimiento del narcotráfico, el uso de las Fuerzas Armadas para la Seguridad interna del país podría generar un escenario un tanto caótico y preocupante.
Para la especialista en narcotráfico y seguridad, Laura Etcharren, la presencias de las FFAA puede “reproducir internas” en caso de tener que compartir su actividad con fuerzas provinciales y federales.
“Si a las fuerzas provinciales, ya les sumaste en zonas calientes fuerzas federales sin lograr el control territorial y generando a su vez internas policiales, con la presencia de las FFAA, sumas más efectivos y reproducís la interna”, consideró.
Además, aclaró que “las formaciones no son las mismas, mucho menos en el campo de acción. Y la dinámica interior no es igual a la de frontera”.
Es decir, la sola presencia de militares no garantiza irónicamente más seguridad sin un “plan estratégico” a largo plazo.
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