Como si fueran ajenos a la crisis, la protección que buscan brindar las autoridades es para los ciudadanos que no son trapitos. O mejor dicho, para los legisladores los cuidacoches y limpiavidrios no son ciudadanos. O, al menos, según el proyecto de ley que presentaron en la Legislatura bonaerense la idea es generar una herramienta de protección a quienes transitan por las calles de la provincia y se encuentran con los “trapitos” como “dueños del espacio público”. De un lado “los ciudadanos”, del otro “la mafia de los trapitos”.
El proyecto que busca prohibir la actividad de cuidacoches y de limpiavidrios sin autorización legal es impulsado por los diputados oficialistas Matías Ranzini, presidente de la Comisión de Seguridad y Guillermo Castello, presidente de la Comisión de Educación.
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“Nos parece fundamental el proyecto porque ataca el primer eslabón de una cadena mafiosa que hay detrás; el sistema propuesto permitirá poner fin a las situaciones de tensión que se dan con los “trapitos” en las calles de la provincia de Buenos Aires”, dijo el diputado Matías Ranzini.
El legislador insistió con la postura y aseguró. “estamos brindando a quienes transitan por las calles de la provincia una herramienta de protección frente a quienes pretenden exigir una remuneración por algo que no les fue pedido, generando situaciones de intimidación, y muchas veces de violencia, que no pueden ser toleradas por el Estado”
Por su parte el diputado Castello dijo: “Hay que terminar con esta actividad de quienes se apropian del espacio público extorsionado y apretando a los ciudadanos” y continuó: “Muchas veces, detrás de los cuidacoches, hay mafias que se han organizado para dividirse la ciudad como si fuera un botín, en perjuicio de los vecinos”.
Ahora bien, lo llamativo del proyecto es que en los argumentos de quienes lo elaboraron se entiende que lo verdaderamente repudiable y sancionable es la intimidación por el pago de un servicio no solicitado, pero el escrito determina que será multado aquel trapito que se ofrezca “de manera gratuita, onerosa o a cambio de una retribución voluntaria”.
Por lo que, hasta a quienes no pidan dinero a cambio, les caberá una multa. Las sanciones previstas son de multa y/o arresto, como con cualquier contravención, y se agravan al doble si los autores portan elementos que podrían usarse como armas.
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