A través de un comunicado oficial, las Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense nucleados en CARBAP se sumaron a la polémica y manifestaron el rechazo del campo al proyecto de Ley Aporte Solidario y Extraordinario que obtuvo media sanción en el Congreso nacional.
“Otra vez el campo es quien debe pagar los platos rotos del sector público, ese mismo campo quien aportando más del 60% de su producción, subsidia a un estado elefantiásico que lo que mejor produce es más pobreza”, indicaron.
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Se espera que la recaudación del aporte solidario y extraordinario sea de $300.000 millones, que alcance a 9.300 personas y que se utilice para financiar planes de desarrollo productivo y sanitario, entre ellos la vacuna contra el coronavirus Covid-19.
Desde el campo manifestaron su rechazo, pese a que no alcanzará a la mayoría de los productores. “En el país de los mil impuestos se promueve la iniciativa por uno más. Iniciativa que va en contra del capital de cualquier empresa sin distinguir si es de trabajo o no. No contempla exenciones, atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo”, aseguraron las Sociedades Rurales bonaerenses.
Además, tomaron el mensaje de Alberto Fernández respecto a la necesidad de reactivar la economía y aprovecharon para largar la chicana. “Parece mentira que en un país que desesperadamente necesita la reactivación económica, al que invierte le pongan una piedra más al cuello”, se lamentaron. “Parece mentira que haya diputados que desde la comodidad de una oficina en el Congreso de la Nación promuevan un impuesto más al sector productivo”.
El conflicto entre el campo y el peronismo es histórico. La grieta, que comenzó con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) en 1946, tuvo varios capítulos. El impuesto de aporte solidario extraordinario será uno más. En ese contexto, calificaron al impuesto extraordinario de “disfraz” que intenta “cubrir la pésima gestión que se hizo durante esta pandemia, no solo en salud, sino también en educación y economía”.
Lo cierto es que la pandemia de coronavirus covid-19 afectó a todo el mundo, no solamente a los productores rurales. Según estimó la UNICEF, en Argentina el 59% de las familias vio reducido su sueldo por los efectos de la pandemia. Con el agravante de que el 70% de esas familias ya eran beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Por ese motivo el Estado argentino decidió lanzar los planes de ATP para apoyar a las empresas, y el IFE -que por estos días, luego del anuncio de que no habrá IFE 4, lo reclama la oposición-. Entre ambos planes invirtió $477.000 millones, que llegaron al 20% de la poblacion, unas 9 millones de personas. El impuesto de aporte solidario y extraordinario, en cambio, debería pagarlo el 0,02% más rico de la población. Sin embargo, desde el campo dejaron clara su oposición.
“Desde las Sociedades Rurales del Sudeste, instamos a que el poder legislativo reflexione sobre el camino que quiere seguir y a la sociedad en general a que acompañe este reclamo que la afecta transversalmente, impactando directamente en la capacidad de generar empleo no solo en el agro sino en todo el sector productivo”, concluyeron.
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