La ley provincial 13.661 es la que establece los lineamientos de los procesos políticos que implica los juicios y además consigna las funciones de la secretaría permanente del sistema que desde su creación, en 2007, comanda Ulises Giménez, cargo que designa y remueve el Senado bonaerense.
La historia es lapidaria, desde su creación la secretaria comandó unos 500 juicios políticos y solo siete jueces fueron destituidos, aunque algunos de ellos incluso renunciaron antes incluso del veredicto.
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Según los fundamentos de la iniciativa que ingresó por Diputados y que podría obtener despacho de mayoría en un nuevo plenario de Comisiones convocado para mañana a las 15, y así poder ser considerada el próximo 26 en el recinto, tiene el propósito de “adecuar la ley de Enjuiciamiento a las demandas sociales, en reciprocidad con los postulados constitucionales y el mejoramiento de las instituciones” que desde el gobierno se ha esbozado.
En primer lugar se modifica la ley para que los jurados legisladores continúen integrando el jurado en casos de ser reelectos en relación a los procesos para los que hayan sido designados, siguiendo el principio de Juez natural. Además, se propone que el Presidente del Jurado actúe desde la denuncia o requerimiento hasta la finalización del proceso, también siguiendo el mismo principio.
El Ejecutivo busca establecer la ultra actividad de los jurados, con lo que el titular de esos cuerpos, que es el presidente de la Suprema Corte, siga al frente de los procesos más allá de si, por el sistema de rotación del Tribunal, deja el sillón de presidente de la Corte bonaerense.
El proyecto hoy estuvo sometido a fuego cruzado pues desde el Colegio de Magistrados, por un lado lo objetaban por su “permeabilidad” desde el colegio de abogado lo consideraban “restrictivo”. Mientras que desde el gremio plantearon la necesidad de abrir el proceso a la sociedad civil.
La iniciativa del ejecutivo además crea un nuevo artículo, el 6 bis, en el que se determinan todas las atribuciones del presidente del jurado que en la actualidad se encuentran dispersa en la normativa, y en el mismo sentido se le efectúan pequeños retoques a la normativa vigente sobre las funciones de la secretaría permanente, para que el secretario puede dar rápidas respuesta a los pedidos de informe sobre la marcha de la institución o el avance de casos de especial relevancia.
Asimismo, se deja debidamente establecido que organismos, entidades y personas de carácter público o privado que presten en todo momento la adecuada colaboración ante la requisitoria de la Secretaría Permanente en el ejercicio de sus funciones.
A la par, se acortan los plazos para el pronunciamiento en materia de excusaciones y recusaciones de integrantes del jurado, y en aras de dar mayor certeza, se fija el plazo de 10 días para que, tras la notificación del comienzo de la instrucción al magistrado o funcionario este pueda presentarse por escrito, aclarando hechos e indicando la prueba que su juicio pudiera ser útil.
Además de expresar formalmente que los abogados de las partes deberán estar matriculado en la provincia de Buenos Aries y se introducen cambios significativos en lo que respecto al “apartamiento preventivo”, se admitiría la posibilidad de prolongar la medida respecto de las actuales posibilidades.
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