Diputados nacionales de la oposición presentaron este lunes un recurso de amparo contra el DNU 941/2025, el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei reformó la estructura de la SIDE y le otorgó, entre otras facultades, la posibilidad de aprehender personas.
El planteo fue realizado por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista con el que solicitan que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del decreto
Los principales fundamentos de la presentación de los diputados opositores
El DNU se dictó “sin urgencia real”: Plantean que el Gobierno firmó el decreto cuando el Congreso estaba funcionando y podía tratar el tema. No había ninguna situación excepcional que justificara saltear el debate parlamentario.
El Ejecutivo “se arrogó facultades” del Congreso: Observan que el decreto modifica una ley clave (la de Inteligencia Nacional) sin pasar por el Poder Legislativo, lo que rompe el principio básico de división de poderes.
Avanza sobre materias prohibidas para un DNU: Según los fundamentos del pedido, el decreto “habilita detenciones y acciones propias del derecho penal”, algo que la Constitución prohíbe expresamente regular por decreto.
Otorga poder de “aprehensión” a agentes de inteligencia: Remarcan que por primera vez, personal de inteligencia podría detener personas, sin las garantías y controles que rigen para las fuerzas de seguridad tradicionales.
Mezcla inteligencia estratégica con seguridad interior: Según los legisladores se eliminan los límites entre inteligencia “externa” y control interno, lo que abre la puerta a que el Estado trate a ciudadanos como enemigos.
Riesgo de espionaje interno y persecución política: El amparo advierte que el nuevo esquema facilita el monitoreo de periodistas, opositores, militantes sociales y sindicales.
Concentra poder y reduce controles democráticos: Los diputados advierten que todo el sistema queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo, debilitando el control del Congreso y de la Justicia.
Convierte “el secreto en regla”: El decreto establece que todas las actividades de inteligencia son encubiertas, afectando el derecho a la información pública, denuncian los legisladores:
Pone en peligro la privacidad y los datos personales: Para los denunciantes se habilita el cruce masivo de bases de datos estatales sin orden judicial clara ni límites precisos.
Contradice tratados internacionales de derechos humanos: Agregan que el DNU viola compromisos asumidos por Argentina en materia de privacidad, libertad personal y libertad de expresión.
Produce un “efecto intimidatorio” en la sociedad: La sola existencia de un sistema de vigilancia tan amplio puede desalentar la protesta, la crítica y la participación política, remarcan.
