La desaparición de Facundo Astudillo Castro genera preocupación no solo en la familia del joven, sino también en diversos sectores de la sociedad. En este caso, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires intervino y exigió medida para esclarecer el caso. Hace 68 días no hay indicios sobre el paradero y la policía bonaerense se encuentra bajo la lupa.
El organismo que conduce Matías Facundo Moreno pidió la separación de la policía bonaerense de la investigación por la desaparición del joven de 22 años oriundo de la localidad de Pedro Luro. La solicitud fue realizada ante la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cargo de Dimas García, quien lleva adelante la causa caratulada “Averiguación de Paradero” que tramita en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.
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A su vez, la Subsecretaría recomendó solicitar a las autoridades pertinentes los registros del “Sistema de Localización Vehicular AVL” de todos los móviles involucrados en los hechos, como así también el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes cuestionados por la familia del joven.
La presentación fue realizada por el director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez. Además, desde el organismo expresaron que se trata de la segunda enviada a la ayudantía fiscal ya que el 1 de julio pasado mandaron una nota similar que a la fecha no fue respondida.
La madre de Facundo, Cristina Castro, así como también los abogados que respaldan a la familia, presentaron una denuncia por “desaparición forzada” de persona ante la justicia federal. La misma fue luego de que se recabaran pruebas que ponen en duda el accionar de la policía, quienes, según algunos testigos, fueron los últimos que vieron al joven de la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino.
Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos consideró que en tanto se resuelva la competencia, la investigación debe regirse por los principios de la Ley 14.687 y el Protocolo de Minnesota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que propone apartar de la investigación de un posible delito de desaparición forzada a la fuerza sospechada.
Por ese motivo, sugirió “el inmediato desligamiento de las fuerzas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus agrupamientos y el despliegue de las medidas necesarias para individualizar a todos los agentes involucrados, tanto los que tuvieron en contacto con la víctima como con aquellos que pudiesen haber ocultado, modificado y/o suprimido prueba documental relacionada a los hechos”.
Al respecto, Álvarez dijo que “con la mera sospecha de una posible responsabilidad de un funcionario policial en la desaparición de una persona, todo tiene que apuntar a esa hipótesis teniendo en cuenta que es una obligación del Estado en materia de Derechos Humanos”.
“El impulso de una investigación pronta e imparcial es fundamental para aliviar la angustia de los familiares causados por la incertidumbre acerca de la suerte del familiar desaparecido. La violación de los derechos humanos va a continuar hasta que Facundo no aparezca”, agregó.
En cuanto a los rastrillajes realizados en el marco de la investigación, contó que “es necesario que se vuelvan a realizar las medidas de búsqueda en las que hayan participado las fuerzas policiales”.
En tanto, a más de dos meses de la desaparición de Facundo, los organismos de Derechos Humanos piden que la carátula pase a ser la desaparición forzada. En la misma sintonía se expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Hijos La Plata y hasta Sergio Maldonado.
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