La decisión del juez federal Martínez de Giorgi, quien apartó a los querellantes del caso $Libra, dejando la investigación en manos del muy cuestionado fiscal Eduardo Taiano, sigue generando revuelo. La diputada nacional Sabrina Selva apuntó a los lazos políticos del magistrado y del fiscal, y planteó que todos los avances de la causa se dieron justamente por iniciativas de damnificados que ya no podrán formar parte del proceso.
En diálogo con LA CIELO, la legisladora del bloque Unión por la Patria calificó la resolución como un paso deliberado para blindar al Poder Ejecutivo de las responsabilidades penales que podrían surgir del expediente. Selva subrayó la “gravedad” de los vínculos de poder, señalando que la esposa del magistrado fue recientemente nombrada jueza por el Senado a raíz del pliego que elevó el gobierno de Javier Milei previo a esta decisión judicial. “Es un paso más de tratar de garantizar impunidad en una causa que creo que nadie duda que el presidente Milei y su hermana Karina Milei tuvieron un rol fundamental para que la estafa se consolide”, sentenció la diputada.
Milei, el “partícipe necesario” de la estafa
Para la integrante de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación, el argumento del juez —que atribuye las pérdidas de los ahorristas a “riesgos del mercado” antes que a un delito— representa una desestimación prematura de la estafa. Sabrina Selva recordó que las pericias realizadas por la Policía Federal sobre el teléfono de Mauricio Noveli (uno de los principales acusados) demuestran que el mandatario estaba en comunicación directa con el estafador mientras promocionaba la criptomoneda el 14 de febrero de 2025.
“Milei fue necesario partícipe para que esta estafa se consolide”, disparó la legisladora, agregando que el presidente “engañó a todos los argentinos” al negar vínculos que la investigación legislativa ya probó mediante registros de ingresos a la Casa Rosada. Según Selva, el mandatario mantuvo reuniones con gestores como Manuel Terrones Godoy y Heiden Davis, e incluso se detectaron transacciones de dinero que se corresponderían con supuestos acuerdos políticos minutos después de esos encuentros.
La “trampa” judicial para asfixiar la investigación
El desplazamiento de las querellas —las partes que impulsan el proceso por ser damnificados directos— deja la instrucción bajo la órbita exclusiva de Eduardo Taiano, un fiscal al que la diputada acusó de “obstruir” activamente el expediente. “Si vos apartás a las querellas que venían impulsando la investigación, queda en manos únicamente del fiscal Taiano, que incluso nosotros le presentamos una denuncia penal por obstruir la investigación y la tarea legislativa”, advirtió la diputada.
Finalmente, Sabrina Selva remarcó la contradicción jurídica de Martínez de Giorgi, quien ahora desconoce la legitimación de las víctimas tras haberla confirmado previamente para dictar medidas como el congelamiento de fondos. Para la legisladora, el trasfondo de la movida es claro: “Están sentando el punto a través del cual van a terminar desestimando toda la investigación”, concluyó, calificando el fallo como una “tomada de pelo” para los miles de ciudadanos que confiaron en la palabra presidencial para invertir sus ahorros.
