El caso Carzoglio, que expuso los aprietes a la justicia bonaerense y puso la lupa sobre el Procurador Julio Conte Grand, quedará a un paso del inicio del juicio antes del cambio de gobierno en la provincia. El 9 de diciembre se realizará la apertura de pruebas, instancia previa al comienzo de las audiencias, que se podrían estirar durante varios meses y en las que declararían alrededor de ochenta testigos.
A la audiencia de apertura de pruebas, el caso llegará con dos nuevas irregularidades. El conjuez miembro del jurado de enjuiciamiento, Guillermo Sagués, renunció a su lugar para actuar como “letrado patrocinante” del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), uno de los acusadores contra el suspendido juez. Los otros dos acusadores son el Colegio de Abogados de Avellaneda – Lanús y la Procuración General de la Provincia.
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En el entorno de Carzoglio entienden que durante el proceso “se vio afectada la parcialidad” de Sagués, quien hoy asesora a una de las partes. “Ya tuvo opinión y sabe cómo piensan los miembros del jurado”, señalaron y consideraron que hubo “falta de transparencia”.
Por otro lado, Conte Grand llega a esta etapa del proceso tras aparecer nombrado en el informe en el que la Organización de las Naciones Unidas cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por presuntos “aprietes” y presiones a jueces que no se acomodaron a los intereses de su administración.
El relator de la ONU sobre independencia de jueces, Diego García Sayán, ubicó al Procurador como “una persona cercana a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la Lic. Maria Eugenia Vidal y al Presidente Macri” y citó los casos de Luis Arias y Carlos Rozansky como ejemplos de persecución político judicial.
El caso Moyano, en el que el juez de Avellaneda rechazó el pedido de detención, interesaba a la mesa judicial del macrismo. Tan así que, en el marco del escándalo por espionaje ilegal que estalló este año y que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, reconoció que el organismo envió a dos de sus agentes al despacho de Carzoglio para conocer qué decisión iba a tomar en la causa, tal como el juez lo denunció a comienzos de 2019.
Uno de esos agentes fue el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano, hombre vinculado al operador judicial de Macri, Daniel Angelici, a través de la UCR porteña. El 17 de septiembre se los vio juntos en la inauguración de un local radical de la Comuna 2.
Dimos el primer paso al abrir el Ateneo Elvira Rawson, los @RadicalesxArg estamos en marcha en la comuna 2. @clagsinger @horacioaruiz @sabes_nadar @ocampomartinBA @RadichetConv @SilBia05 @arialvarezpalma @PanchoCabassi @mariacabassi pic.twitter.com/NKqnuugzvP
— Juan S De Stefano (@sebadestefano) September 17, 2019
La historia
El caso Carzoglio adquirió relevancia cuando el suspendido juez de Garantías de Avellaneda denunció públicamente las presiones de las que fue víctima para aceptar un pedido de detención que pesaba sobre Pablo Moyano. Ante las cámaras de televisión, vinculó los aprietes a Conte Grand y reveló que su cónyuge recibió amenazas de muerte.
Ello sucedió el 16 de octubre de 2018, cuando consideró “endeble” y “contradictorio” el pedido de prisión que realizó el fiscal Sebastián Scalera, quien acusó al hijo de Hugo Moyano de liderar una asociación ilícita en conjunto con la barra brava de Independiente.
Un día antes de la resolución, los dos diarios de mayor tirada nacional asociaron a Carzoglio con el peronismo y recordaron que sobre él pesaba un pedido de juicio político, con denuncias que databan de 2015. “Únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires”, dijo en referencia a la información publicada.
La denuncia pública llevó a Conte Grand a desempolvar el expediente contra Carzoglio y en tiempo récord se puso en marcha el jury. Menos de dos meses después, el jurado de enjuiciamiento ya había apartado preventivamente al juez de su cargo. Actualmente continúa suspendido.
El final del mandato de María Eugenia Vidal coincidirá con el último trámite procesal del jury antes del inicio de las audiencias que determinarán el apartamiento definitivo de Carzoglio o el retorno al juzgado que ocupó desde 2007. En el medio deberá definirse el futuro de Conte Grand, el principal promotor de su destitución.
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