La expansión de canales clandestinos en zonas rurales y periurbanas de la Provincia se consolidó en los últimos años como un problema estructural con impacto ambiental, productivo y social. Se trata de obras ejecutadas sin autorización oficial que modifican el curso natural del agua, aceleran los escurrimientos y trasladan el riesgo hídrico hacia otros campos, caminos rurales y, en muchos casos, zonas urbanas.
El Código de Aguas bonaerense establece que toda obra hidráulica realizada para beneficio de un predio debe contar con aprobación previa de la Autoridad del Agua (ADA). Sin embargo, la realidad territorial muestra una reiterada proliferación de intervenciones ilegales que terminan generando anegamientos, daños en infraestructura y conflictos entre vecinos, especialmente durante episodios de lluvias intensas.
En ese escenario, la Legislatura solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la implementación del nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas”, aprobado mediante la Resolución N° 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La iniciativa fue presentada por una diputada provincial Romina Braga (Coalición Cívica), con el eje del planteo está puesto en el funcionamiento del sistema de control.
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Uno de los puntos centrales del pedido es conocer el estado de situación y los plazos reales de puesta en marcha del nuevo procedimiento, que derogó normativas vigentes desde 2002 y 2003. El cambio busca modernizar los mecanismos de detección y actuación, pero también abre interrogantes sobre su aplicación efectiva en el territorio.
La resolución incorpora el uso de herramientas de visualización geoespacial de alta resolución como eje para identificar obras clandestinas. En ese marco, se solicita información sobre qué tecnología se está utilizando, si existen convenios con organismos científicos o tecnológicos y si estos sistemas permiten distinguir entre tareas de mantenimiento de canales existentes y nuevas obras ilegales.
Otro aspecto clave es la articulación técnica entre la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica. El pedido de informes busca precisar qué criterios prevalecen cuando existen evaluaciones discrepantes entre ambos organismos y cómo se define la necesidad de remoción o adecuación de una obra en función del riesgo hídrico y la alteración de cuencas.
LOS MUNICIPIOS COMO ACTORES SECUNDARIOS
El rol de los municipios también ocupa un lugar central. Las reformas al Código de Aguas los habilitaron como autoridades de comprobación concurrentes, facultándolos para recibir denuncias y realizar relevamientos. En ese sentido, se consulta si la Provincia diseñó programas de capacitación y asistencia técnica para que los gobiernos locales cuenten con personal y equipamiento idóneo.
Además, se pide una nómina de los municipios que ya firmaron convenios de colaboración con la ADA, el estado de los expedientes iniciados bajo normativas anteriores y las garantías para que el cambio de procedimiento no genere dilaciones en las órdenes de restitución de obras ilegales.
Por último, el pedido indaga si se prevé un régimen de regularización para aquellas obras ejecutadas sin autorización previa que cumplan con los estándares técnicos y no generen perjuicios a terceros ni al dominio público hídrico.
EL ACCIONAR PROVINCIAL
Después de más de 20 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un nuevo procedimiento para tratar, prevenir y resolver las obras hidráulicas clandestinas. Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aseguran que se incorporaron “herramientas modernas y eficaces”. Los detalles.
El nuevo sistema quedó plasmado en la Resolución 46/26 de la cartera que lidera Gabriel Katopodis publicada en el Boletín Oficial de este jueves. La norma deroga los reglamentos anteriores que datan del 2002 y 2003 y aprueba el nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas“.
Una de las principales novedades es que la Autoridad del Agua (ADA) va a poner a disposición un formulario electrónico en su sitio web para que cualquier ciudadano pueda denunciar el hallazgo de una obra hidráulica aparentemente irregular. A esto se le suma que la propia ADA, los municipios y la Dirección de Hidráulica bonaerense podrán actuar de oficio.
Otro de los cambios respecto de la reglamentación anterior tiene que ver con el paso posterior a la denuncia. El nuevo reglamento autoriza a las autoridades a “efectuar la constatación de obras denunciadas a través de imágenes satelitales captadas en tiempo real y debidamente certificadas por funcionario competente”. Antes, la única manera era accediendo por vía terrestre lo que podía dificultar el trámite.
Una vez comprobada la obra clandestina deberá determinarse si afecta al Sistema Hidráulico Provincial o no. Los canales construidos por particulares en sus predios para evacuar el exceso de agua de lluvia por escurrimiento están excluidos del sistema y solo pueden construirse con aprobación previa de la ADA.
Una vez comprobada la irregularidad, el propietario del inmueble (o su responsable) va a recibir una intimación por transgresión al artículo 94 de la Ley N° 12.257 y tendrá un plazo de 5 días para presentar un descargo con pruebas. Si no logra demostrar la legalidad de la obra cuestionada será declarada clandestina y recibirá una multa que va a tener que pagar.
Finalmente, si se trata de una obra que afecta al Sistema Hidráulico Provincial, las autoridades le sumarán a la sanción económica una intimación para que se desactive el canal en cuestión en un plazo determinado “debiendo realizar los trabajos necesarios para restituir las cosas a su estado anterior”.
