Autoridades bonaerenses, encabezadas por el gobernador por Axel Kicillof, participaron este martes de una nueva audiencia con funcionarios nacionales en la Corte Suprema de Justicia, en el marco del reclamo por los fondos previsionales no girados por el gobierno de Javier Milei a la provincia de Buenos Aires.
Según detalló el mandatario bonaerense a la salida del encuentro, los representantes nacionales se comprometieron a presentar el 10 de junio, en el marco de una nueva audiencia de mediación, una propuesta concreta por la deuda reclamada.
“El 10 de junio tiene que haber una propuesta concreta de cuáles serían los montos a transferir” sostuvo.
El gobernador bonaerense estuvo acompañado por el ministro de economía, Pablo López y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. También estuvieron presentes el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la titular del IPS, Marina Moretti.
El eje del planteo gira en torno a la deuda por la caja jubilatoria, que la Provincia estima en $2,3 billones, uno de los componentes más significativos dentro del total de más de $15 billones reclamado.
“Antes del cambio del gobierno se cobraban estos fondos y después los cortaron a todas las provincias. Ahora hay 10 a las que empezaron a girar transferencias” advirtió el gobernador bonaerense.
En ese marco, Kicillof indicó que en la audiencia participaron representantes de organismos como Economía y ANSES, que aseguraron estar “revisando números y realizando auditorías”, aunque cuestionó la demora: “Ya llevamos dos años y pico donde esto no pasó” alertó.
El reclamo previsional como punta de lanza
El gobernador también amplió el alcance del conflicto y mencionó otros frentes abiertos con la administración de Javier Milei.
Entre ellos, el más reciente en torno al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar, donde denunció una fuerte reducción de los aportes nacionales. “Antes transferían más del 30% y ahora no llega al 15%, en un contexto de emergencia alimentaria”, advirtió, al tiempo que destacó que la Provincia anunció hoy un aumento del 30% en los recursos destinados a comedores.
En paralelo, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, valoró la instancia abierta por el máximo tribunal pero también marcó la presión que enfrenta la Provincia. “Esperamos llegar a la audiencia del 10 de junio con una propuesta de solución por parte del Gobierno nacional”, señaló.
López enmarcó la disputa en un escenario más amplio de tensión fiscal. Aseguró que al recorte de transferencias no automáticas y la paralización de la obra pública se suma la caída de la recaudación producto de la crisis económica, lo que genera “una enorme presión sobre las finanzas provinciales”.
Además, volvió a poner sobre la mesa el histórico reclamo por la coparticipación. “La Provincia aporta el 38% de la recaudación pero recibe solo el 7%, mientras Nación concentra el 70%”, afirmó, y ratificó que el gobierno bonaerense continuará exigiendo cambios en el esquema y el cumplimiento de las obligaciones nacionales.
En total la provincia de Buenos Aires efectuó ocho reclamos ante el Máximo Tribunal por $15,6 billones y la apertura de este primer expediente alimentó expectativas sobre instancias similares para el resto de las demandas.
Entre ellos se encuentran los reclamos por el recorte de fondos destinados a seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), Transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y Educación (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
También financiamiento para bosques nativos, la posibilidad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas y un supuesto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Con este escenario, la audiencia del 10 de junio aparece como una instancia clave: será la primera vez que el Gobierno nacional deberá poner sobre la mesa números concretos para intentar saldar un conflicto que ya lleva más de dos años.
