El sindicato estatal ATE volvió a alzar la voz contra el Gobierno nacional al presentar un amparo judicial para frenar los efectos del Decreto 340/25, al que consideran un “ataque directo al derecho de huelga”. La normativa, que amplía la cantidad de actividades consideradas como servicios esenciales, fue duramente cuestionada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que “los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”.
El gremio, que forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y que se dicte una medida cautelar para impedir su aplicación mientras avanza la causa. La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo N.º 20 y sostiene que la norma implica una “afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y al de libertad sindical”.
“Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado”, sostuvo Aguiar, en referencia a precedentes judiciales que invalidaron medidas similares. Además, alertó que “muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado”, lo que, según su mirada, “afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales”.
Más actividades, menos derecho a huelga
El decreto en cuestión introduce cambios al artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando de forma significativa el listado de actividades consideradas “esenciales”. A partir de su implementación, quienes trabajen en estos sectores deberán garantizar un 75% de la prestación del servicio incluso durante las medidas de fuerza, reduciendo el margen efectivo para ejercer el derecho a huelga.
“Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada”, denunció Aguiar. Y añadió: “Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle”.
Entre los sectores ahora incluidos como esenciales por el Decreto 340/25 se encuentran los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte de medicamentos, la producción y distribución de agua, gas y energía, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, la educación inicial y obligatoria, y el transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías. Para ATE, esto representa una restricción severa al derecho de protesta de los trabajadores estatales.
