En el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita al país reperfilar los abultados vencimientos que comenzarán a presentarse desde marzo, el Gobierno nacional apuesta a convencer al gobierno de Estados Unidos sobre su posición acerca de la renegociación.
Puesto que Estados Unidos tiene una cuota del 16% y por lo tanto es la fuerza mayoritaria dentro del directorio del FMI, desde hace meses es que el gobierno de Alberto Fernández busca distintas vías de conexión con su par Joe Biden, como han sido los viajes de Martín Guzmán y Juan Manzur, la sintonía fina del embajador argentino en EE.UU. Jorge Argüello y hasta los caseros asados de Sergio Massa con el asesor para asuntos de América Latina, Juan González.
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De ese modo, el Gobierno ha logrado ciertas señales de importantes miembros del gobierno de Biden, como ha sido en mayo pasado el pronunciamiento del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, quien reclamó encontrar “soluciones a largo plazo” y que el nuevo “acuerdo proteja los desafíos económicos que también enfrenta el país”.
Sin embargo, una vez más el acuerdo se encuentra estancado. Frente a escasos dos meses para llegar a la línea final, el conflicto se resume al ajuste que busca imponer el FMI a las cuentas argentinas, lo que Guzmán llamó “el sendero fiscal”.
Por ello, a fin de no recaer en default o realizar un ajuste que signifique frenar la recuperación de la economía, desde el Gobierno se apresuran a profundizar el diálogo con el gobierno de Biden para que de el visto bueno y destrabe las negociaciones.
Tarea nada sencilla pero a la que estará abocado el próximo martes el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, cuando se encuentre en Estados Unidos con el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken. En junio, el entonces canciller Felipe Solá ya se había reunido con Blinken, pero el encuentro no dio mayores frutos al menos respecto del acuerdo con el FMI. Sobre el martes, se espera que Cafiero pueda concretar la aspiración gubernamental de realizar una reunión bilateral del más alto nivel.
De acuerdo a los expertos en relaciones internacionales, Estados Unidos atiende por distintas ventanas, y a eso se aboca también el gestor de la negociación a nivel nacional, Martín Guzmán, quien hace escasos días cosechó dos importantes logros: el apoyo al proceso de recuperación económica argentina y crítica al préstamo otorgado por el FMI por parte del premio Nobel, Joshep Stiglitz; y el envío de una carta a la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, por parte de 18 legisladores demócratas, en la que hicieron caso al pedido de Guzmán para que el FMI concluya con la política de sobre cargos, que le generarían al país un costo adicional de mil millones de dólares.
“Estamos negociando la capacidad soberana de llevar adelante nuestro programa de política económica”, resumió el titular del Palacio de Hacienda durante su exposición con los gobernadores. “Ajusten la economía, si ajustan la economía van a achicar la economía, si achican la economía van a tener que importar menos y van a tener que importar menos insumos para producir y esos dólares van a quedar para pagarme”, sintetizó la posición del FMI el propio Alberto Fernández.
¿Qué alternativas quedan?
La estrategia política de recabar los apoyos mayoritarios para la posición Argentina, en especial de Estados Unidos, es la principal carta con la que juega el Ejecutivo. Pero, en caso de que la misma no prospere, el Gobierno nacional se verá obligado a buscar alternativas.
La primera sería dar el brazo a torcer y asumir el plan de ajuste del FMI, cuyos funcionarios lo ven como “sostenible”, pero que el propio Alberto Fernández descartó de plano en tanto violaría el contrato electoral, frenaría la economía y agudizaría la crisis social.
Otra opción sería llevar el Acuerdo de Stan By firmado por el gobierno de Mauricio Macri a la Corte Internacional de Justicia, tal como algunos sectores del Frente de Todos vienen solicitando. El acuerdo, se sabe, ha violado los estatutos del propio Fondo y los montos desembolsados se han utilizado para la formación de activos externos, lo contrario al aparente sentido de ese organismo de crédito.
En esa línea, se conoció hoy la posición en sintonía de dos juristas internacionales, entre ellos un ex funcionario del FMI, quienes señalaron que el mayor préstamo de la historia del organismo “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire'”; es decir, inválido.
Y agregaron: “Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina”.
El análisis jurídico económico Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh, va en línea además con la propia evaluación Ex Post que realizó el FMI, en la que afirmaron que el acuerdo no cumplió ninguno de sus objetivos.
En este caso, el gobierno argentino podría presentar una demanda o bien pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. El problema es que los vencimientos más grandes son en apenas dos meses, por lo cual el país podría entrar en default.
Dentro del arco político, las principales fuerzas sostienen que un virtual default provocaría enormes conflictos a la economía, como la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional y una caída de las inversiones, que redundarían en mayores impedimentos al crecimiento.
En disonancia, sectores minoritarios sostienen que el país podría entrar en mora con el FMI, y ver de alcanzar mejor suerte en la arena judicial. Lo cierto es, como dijo Martín Guzmán, no existe un buen acuerdo con el organismo.
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