El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó este martes los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en la provincia de Buenos Aires de cara a las PASO de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.
La novedad ocasionó un nuevo “mazazo” al relato sobre el legado que la ex gobernadora pretende revalorizar sobre su paso por la gestión provincial desde que tomó la decisión de regresar a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su carrera política. A los cuestionamientos por el accionar de la denominada “Gestapo PRO”, se suma un episodio que parecía olvidado: los aportantes truchos. Aquel escándalo se produjo en 2018, cuando salieron a la luz denuncias de personas con bajos ingresos que figuraban como donantes de fondos de la campaña de Cambiemos para las elecciones a diputados y senadores nacionales.
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A través de un reciente fallo, el magistrado ordenó “extraer testimonios” de lo obrado en ese expediente “e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito”.
Además, el juez sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
Los antecedentes del escándalo por los aportantes truchos
En la causa se investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña y el binomio integrado por Esteban Bullrich y Gladys González en Senadores.
El caso se conoció por una nota periodística difundida en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos – recibían planes sociales- figuraban como donantes de fondos de la campaña de Cambiemos.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.
También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que “muchas de las personas declaradas en el informe” de Cambiemos “rechazan haber realizado el aporte informado”.
Los peritos de la CNE cuestionaron luego el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.
En el fallo, Ramos Padilla recordó que se pidió a la alianza política Cambiemos que subsane todas esas observaciones, tras lo cual esa fuerza presentó nuevos informes de campaña.
Según los peritajes, el macrismo reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes “sin brindar justificación alguna” y rectificó rendiciones de cuentas, pero “existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación” y comprobó que de 37 personas citadas, “sólo 15 confirmaron el aporte” y el resto lo desconoció.
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