La decisión del presidente Mauricio Macri para avanzar, por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia, para implementar la extinción de dominio, generó polémica ni bien se conoció el contenido del discurso con el que la anunció.
“Es inconstitucional, no hay ninguna duda”, le dijo a INFOCIELO el prestigioso constitucionalista Eduardo Barcesat. El tema, explicó, “sólo puede ser previsto desde una legislación y nunca por un decreto” toda vez que “el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que regula las facultades del presidente establece que en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta el poder ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas”.
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En el caso puntual de la extinción de dominio es aún más grave: “se trata de un derecho, el de la propiedad, que esta tutelado no solamente por el código civil sino por disposiciones tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como por el Pacto de Internacional de Naciones Unidas, ambos con jerarquía constitucional”, indicó.
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Junto a sus ministros de Economía y Trabajo, el gobernador se reunión con dirigentes sindicales. Las negociaciones paritarias y al elección provincial como telón de fondo.
“Esto está destinado a un fracaso inmediato”, vislumbró Barcesat, que enumeró dos formas de anular la medida: “el Congreso está plenamente facultado para anular una disposición que es el ejercicio usurpativo de sus facultades constitucionales”, dijo. La segunda es “recurrir a acciones judiciales por parte de cualquier afectado o en caso de amenaza de afectación, como establece el artículo 43 de la CN”.
“Vaticino que estas medidas van a ser fulminadas, ya sea en sede del Congreso, que es lo que correspondería en primer término, o en función de una alternativa jurisdicciónal”, continuó. “Porque si hay un derecho que nunca han admitido que se vulnere es precisamente el tema de la propiedad privada”, agregó.
En cuanto al alcance “político” de la medida, Barcesat, que remarcó que el presidente Macri “no ha lucido como respetuoso de la institucionalidad”, sino que, por el contrario, “ha sido la topadora institucional más violenta que ha recibido la Argentina en este periodo de la democracia”, opinó que busca “hacerle creer a la ciudadanía que se está gobernando”.
“Creo que es una medida como lo de las pistolas Táser, para hacerle creer a la ciudadanía que se está gobernando. Como no puede enderezar el rumbo de la economía ni restaurar el bienestar de la población, prueban por el lado de la represión y de decir que es una medida para combatir la corrupción”, remató.
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