El bloque de La Libertad Avanza en el Senado presentó un proyecto de “transparencia activa” para exigirle mayor apertura de datos a la gestión de Axel Kicillof. Con la presentación de un proyecto de ley enfocado en la transparencia activa fiscal, los legisladores libertarios buscan que la Provincia mejore sus índices de acceso a la información. Sin embargo, la iniciativa local choca de frente con las políticas implementadas por su propio espacio a nivel nacional.
La presentación de la iniciativa legislativa, presentada en el segundo piso del anexo de Senadores, contó con la presencia y el respaldo de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Además de su autor, Diego Valenzuela, cerraron filas en la defensa del proyecto los senadores Carlos Curestis (titular de la bancada), Gonzalo Cabezas, Matías De Urraza y Analía Balaudo, quienes marcaron la postura del espacio para exigirle al Ejecutivo bonaerense la implementación obligatoria de este nuevo régimen de apertura de datos.
LLA LE PIDE A KICILLOF LO QUE MILEI NO HACE
El contraste normativo es evidente. Mientras en la provincia de Buenos Aires LLA reclama facilitar el acceso a los datos del Estado, en Nación, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 780/2024 (publicado en septiembre 2024), una medida que en la práctica restringió severamente la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016.
Entre los puntos más polémicos, el decreto presidencial introdujo la figura del “abuso del derecho”, dejando a total discreción del funcionario de turno la decisión de entregar o no la información solicitada. Además, achicó la definición de “documento público”, excluyendo deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, y habilitó al Estado a ocultar información si considera que no hay un “interés público comprometido” o si expone datos de “naturaleza privada” de los funcionarios. A contramano de todo esto, el senador, hoy libertario, Diego Valenzuela, pidió que todo el mundo pueda consultar los números del gobierno provincial “sin tener un interés legitimo previo”.
Durante la presentación del proyecto provincial, INFOCIELO consultó a los referentes del espacio sobre esta evidente doble vara institucional. Al ser interpelado sobre cómo confluye la exigencia de máxima apertura bonaerense con el cerrojo informativo aplicado por Milei, el senador Diego Valenzuela intentó relativizar la medida nacional.
“La Nación tiene una ley de acceso a la información pública, y lo que vos estás opinando me parece bien, pero acá nosotros lo que queremos es una ley para la provincia. Después vendrá la reglamentación”, respondió el legislador, intentando enmarcar las restricciones nacionales como una mera apreciación periodística. Ante la aclaración de este medio de que “no es opinión, es el dato de una ley y de un decreto”, el senador pivotó la discusión hacia las falencias de la administración de Kicillof.
“La Provincia está muy por debajo del promedio en transparencia fiscal y eso nos tiene que poner colorados”, retrucó Valenzuela, utilizando la opacidad bonaerense como argumento de defensa. “Estamos escondiendo Ingresos Brutos cuando otras provincias ya decidieron mostrarlo. La pregunta es si queremos evolucionar o quedarnos con el estatus quo de la opacidad, sin animarnos ni a decir cuántos empleados hay en la Provincia”, agregó.
A pesar de la insistencia sobre el doble estándar que representa exigir a nivel local lo que se prohíbe desde la Casa Rosada, la respuesta final del senador expuso la incomodidad del bloque frente a las decisiones del Ejecutivo nacional. “Yo tampoco conozco cómo reglamenta ese decreto, así que no puedo opinar”, se excusó Valenzuela, clausurando el tema al sostener que solo conoce “que la Provincia necesita un mínimo de transparencia activa que hoy no tiene”.
EL PROYECTO Y SU FUTURO EN LA LEGISLATURA
Respecto al futuro legislativo del proyecto, desde La Libertad Avanza aseguran que “las expectativas son altas” de cara a su tratamiento y aprobación. El bloque libertario argumenta que la iniciativa tiene grandes chances de avanzar porque plantea un debate profundo que “no divide” a la dirigencia política y carece de ideología o preferencia partidaria. Al definirse como un espacio “dialoguista”, los legisladores apuestan a conseguir los consensos necesarios para instalar una agenda de apertura de datos que, según señalaron, ya comenzó a implementarse con éxito en otras cuatro provincias del país.
El proyecto de ley busca establecer un régimen de “transparencia activa” en la provincia de Buenos Aires, obligando al Estado a publicar y actualizar de oficio la información pública en formatos digitales abiertos. En sus fundamentos, la iniciativa plantea un cambio de paradigma frente a la Ley 12.475 vigente, con el objetivo de pasar de un Estado que solo responde ante las solicitudes ciudadanas a uno que publica sus datos de manera permanente, sistemática y verificable. La presunción normativa es que toda la información es pública, abarcando como sujetos obligados a los tres poderes del Estado provincial, los organismos constitucionales, las empresas con participación estatal y cualquier entidad pública o privada que administre fondos o subsidios de la Provincia.
Para centralizar el acceso a la información, el texto propone la creación de un único “Portal de Transparencia Activa y Datos Abiertos” que será administrado por una autoridad de aplicación. En esta plataforma se deberán publicar contenidos mínimos obligatorios, tales como la nómina completa del personal y sus escalas salariales, los procesos de compras, licitaciones y obras públicas, los subsidios otorgados y las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Además, se le exige al Poder Ejecutivo publicar información fiscal y presupuestaria específica, incluyendo la ejecución del presupuesto, la composición de la deuda pública, el detalle de las transferencias de fondos a los municipios, la agenda institucional y los costos de los viajes oficiales.
Finalmente, la ley exige que toda esta información cumpla con estándares de “datos abiertos”, publicándose en formatos interoperables y legibles por máquina que faciliten su procesamiento, descarga y reutilización por parte de la sociedad. Las excepciones para no publicar información son estrictamente limitadas y de interpretación restrictiva, obligando a los organismos a disociar o anonimizar los datos personales para permitir la divulgación parcial de los documentos. Para garantizar el cumplimiento de la norma, cada organismo deberá designar internamente a un “Responsable de Transparencia”, y cualquier ciudadano podrá presentar reclamos gratuitos a través del portal ante la falta de publicación de datos, sin necesidad de acreditar un interés legítimo previo.
