En una nueva instancia de contradicción interna en el Gobierno de Javier Milei, el vocero Manuel Adorni desautorizó este viernes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al descartar la posibilidad de que se realicen modificaciones al decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública, tema que generó críticas desde la oposición, aliados como el PRO y entidades periodísticas.
Durante su visita al Congreso el miércoles, Francos había sugerido ante los diputados opositores la posibilidad de revisar y modificar la normativa si fuese necesario. “Estamos dispuestos a analizar cualquier cambio”, expresó en aquel momento. Sin embargo, Adorni aclaró que no habrá cambios en el decreto, afirmando que la postura del gobierno es inamovible y que lo dicho por Francos fue malinterpretado.
Según Adorni, Francos no contradijo al Gobierno, sino que sus palabras fueron una apertura malentendida por los diputados opositores. “No va a ser este el caso en que ocurra una modificación. Francos lo que quiso expresar es que estamos siempre dispuestos a modificar algo si está mal, pero no es necesario en este caso“, explicó el vocero.
Ante la especulación de desacuerdos internos en el partido por el polémico decreto firmado por el Presidente, Adorni fue tajante y negó cualquier posibilidad al respecto. “Es falso que haya peleas o internas entre miembros del gabinete o personas cercanas a Milei”, concluyó.
El decreto sigue siendo fuente de críticas desde diversos sectores, quienes denuncian que las modificaciones restringen el acceso a información pública, y califican la medida de inconstitucional. A pesar de las tensiones, la postura oficial del gobierno de Milei se mantiene firme, priorizando lo que consideran un uso más eficiente de los recursos del Estado en el manejo de los pedidos de información pública.
¿De qué trata el decreto firmado por el Gobierno?
Esta medida impacta tanto en la actividad privada como en parte de la pública de los funcionarios, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de decidir qué información se considera de interés público y, por ende, accesible para la ciudadanía. El nuevo decreto modifica significativamente la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada bajo el artículo 75 de la Constitución Nacional. La normativa original, avalada por tratados internacionales, promovía la transparencia y publicidad de los actos de gobierno, aspectos que ahora se ven limitados por los nuevos criterios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Entre los cambios, se excluye de la información pública datos de carácter privado, como reuniones familiares, mascotas, o visitas íntimas en la Quinta de Olivos. Además, se prohíbe la divulgación de “deliberaciones preparatorias” o documentos preliminares relacionados con actos de gobierno. También se impone un blindaje de 10 años para datos confidenciales, especialmente en áreas como defensa, política exterior o seguridad interior, y se protege el secreto financiero y la información del Banco Central, complicando el acceso a ciertos detalles sensibles como la salida de lingotes de oro del país.
