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Luego de que el Senado votara por anular el traslado que decretó Mauricio Macri en 2016, los jueces de la Cámara Federal Porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) una licencia extraordinaria hasta que se resuelva su situación.

Los jueces, que no investigan las causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, como se dijo en algunos medios, sino que resuelven la competencia de las mismas y las apelaciones en primera instancia, se consideran víctimas e iniciaron una causa judicial para mantener sus cargos en Comodoro Py.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la última palabra. Anoche, el Senado votó la anulación de los traslados que dictó por decreto el ex presidente Mauricio Macri en 2016. Juntos por el Cambio se retiró de la sesión al momento de votar, y no participó de la misma.

Desde el bloque opositor se opusieron y criticaron la “remoción de jueces” que, entienden, es “competencia exclusiva del Consejo de la Magistratura”, como publicó el senador Esteban Bullrich. “Se violó el principio republicano de división de poderes e independencia de la Justicia, anulando el traslado de tres jueces que deben intervenir en las presuntas causas de corrupción que involucran a la Vicepresidenta de la Nación”, denunció.

Sucede que, en los papeles, no existió tal remoción. Bruglia, Bertuzzi y Castelli -el tercer juez en discordia- no fueron removidos del Poder Judicial, sino que fueron devueltos a su cargo anterior, como jueces del Tribunal Oral Federal N°4 de Capital Federal, y al tercero a un Tribunal Oral de San Martín.

Así lo reconoció el propio presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien contrario a la denuncia de Esteban Bullrich señaló que “si Bruglia y Bertuzzi no cumplen con el decreto que deja sin efecto el traslado están abusando de un cargo que no les es propio”.

¿Por qué tanta polémica? La Cámara Federal Porteña, con sede en Comodoro Py, es un organismo clave en las causas por corrupción. Allí se ratifican -o no- las imputaciones en primera instancia, y se determina la jurisdicción de ciertas causas. Por ejemplo, la causa por espionaje ilegal, en la que solicitaron al juez Juan Pablo Augé que se inhiba de continuar la investigación y la remita a los tribunales porteños.

Desde el kirchnerismo entienden que el decreto de Macri fue para concretar una persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y demás funcionarios de su administración. La propia vicepresidenta presentó varias denuncias y expresó en numerosas ocasiones su rechazo a la designación y los posteriores fallos de Bruglia, Bertuzzi, Castelli e Irurzún, los cuatro camaristas porteños.

Su designación fue irregular. En 2016 Mauricio Macri los nombró por decreto, pese a que debía aprobar los pliegos en el Senado, según establece la Constitución Nacional. Ahora, la Comisión de Acuerdos del Senado los convocó junto a otros siete jueces, para que contesten las preguntas de las y los legisladores, y determinar si la designación fue justa y respondía a una verdadera “necesidad y urgencia”. A diferencia de los otros siete jueces, ninguno de ellos se presentó a la audiencia virtual.

Los jueces prefirieron moverse en su ámbito de influencia, el Poder Judicial. Presentaron recursos de amparo, que fueron rechazados, y terminaron con un pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia, que ya inició la causa pero aún no avanzó. Anoche el Senado culminó el proceso legislativo y retrotrajo su nombramiento. Hoy, el Boletín Oficial publicó la medida, que deja sin efecto el decreto de Macri y obliga a los jueces a volver a sus tribunales originales. Inmediatamente, los mismos pidieron licencia.

“El Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”, señalaron en el documento presentado ante la Corte Suprema.

“Por ello, sin renunciar al ejercicio de nuestros derechos gravemente lesionados, solicitamos al señor presidente y a los señores ministros que, en atención a las facultades constitucionales que reviste la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluida la de superintendencia, disponga en relación a los suscriptos aquellas medidas necesarias y apropiadas con respecto a nuestros destinos funcionales, hasta tanto esa Corte resuelva de manera definitiva los reclamos judiciales en torno a la cuestión de la validez de los traslados”, finalizaron Bruglia y Bertuzzi, y destacaron que sí acatarán lo que determine la Corte Suprema.