Un recurso de apelación, presentado por la Defensoría Pública, puso más suspenso al desalojo de los terrenos usurpados en Olavarría. La medida quedó pendiente de resolución y hay incertidumbre entre las familias que mantienen la toma: “No hay ninguna novedad, estamos esperando que se acerque alguien” explicaron este miércoles a Infocielo.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron a este medio que la Defensora Oficial, María Soledad Kelly, interpuso un recurso suspensivo y volvió a exigir que se utilice el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
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El planteo fue aceptado por el Juez de Garantías de Olavarría, Dr. Carlos Villamarín, quien deberá resolver, en las próximas horas, si eleva o no las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de Azul. De ocurrir esto último, se desconoce cuánto tiempo tardará en expedirse el Tribunal azuleño.
Cabe mencionar que el desalojo del predio municipal, ubicado en el barrio Lourdes, fue pedido desde la UFI 10 de Olavarría y tenía como fecha prevista el pasado viernes, pero ese día quedó pospuesto a raíz de las malas condiciones climáticas.
Las siguientes jornadas, trascurrieron en un contexto de tensión. Las familias ocupantes denunciaron el último sábado que las fuerzas de seguridad “volvieron a acordonar los terrenos ocupados” y no les permitieron “ingresar a las vecinas ni trasladar lo necesario para protegerse del frío y la lluvia en las carpas (lonas, frazadas, colchones)”.
El lunes por la mañana, los ocupantes manifestaron que la toma “amaneció con un inusual despliegue de efectivos policiales” en lo que se cree, fueron los preparativos para la medida de desalojo que, ante la presentación de la Defensoría, quedó trunca.
Además pidieron un “urgente contacto” con funcionarios del intendente Ezequiel Galli “para brindar una solución habitacional a quienes todavía no la recibieron”. Mediante un comunicado, señalaron que “es sabido que la Municipalidad ofreció terrenos en otras localizaciones y materiales de construcción a algunas familias que ya se retiraron de la toma” y exigieron “un trato justo para todos ya que ha quedado a la vista que hay recursos públicos disponibles para quienes no tienen la posibilidad de acceder a un techo propio” advirtieron.
La toma de terrenos en Olavarría se mantiene desde hace siete semanas. Tras la denuncia penal por parte del intendente Ezequiel Galli, hubo una presentación de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires para que se aplique el protocolo de desalojo elaborado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La medida derivó en la conformación de una Mesa de Diálogo entre diferentes actores políticos (Municipio, subsecretaría de Hábitat de la provincia, Defensoría del Pueblo) que permitió alcanzar un acta acuerdo con los delegados vecinales.
Se consensuó que el Municipio buscaría soluciones a las familias censadas que se encontraban dentro del Registro Habitacional y los ocupantes se comprometían a dejar el predio. Pero un grupo de familias, desconoció lo pactado y acusó a los delegados de hacer arreglos individuales o para sus allegados. Ese grupo, integrado en su gran mayoría por mujeres con sus pequeños hijos, aún mantiene la ocupación de las tierras.
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