Una presentación judicial, por parte de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, dejó en suspenso la orden de desalojo que iba a ejecutarse en Olavarría, ante la toma de terrenos municipales por parte de un grupo de setenta familias.
El organismo que lidera Guido Lorenzino, pidió la aplicación del “Protocolo de Acción para Desalojos” dictado por la Suprema Corte de Justicia que, en una primera instancia, establece una Mesa de Diálogo. De ese espacio, participarán representantes del Municipio de Olavarría, el ministerio de Desarrollo Social de Nación, la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia, la Defensoría del Pueblo bonaerense y concejales locales. La primera de las reuniones está prevista para el próximo martes.
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En ese marco, arribaron este viernes a Olavarría, el subsecretario de Hábitat bonaerense, Rubén Pascolini y el director provincial de Regularización del Hábitat, Roberto Perito. Los funcionarios, acompañados por el olavarriense Federico Aguilera (subsecretario de Minería provincial) y los concejales del Frente de Todos Guillermo Santellán y Mercedes Landivar, se reunieron con el secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli y su par de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani.
“Hay un problema estructural, pero la ocupación es un camino equivocado”
Al término de la charla con los funcionarios municipales, el subsecretario de Hábitat bonaerense, Rubén Pascolini, dejó sus impresiones a los medios presentes: “Vinimos a ponernos a disposición del Municipio, nos preocupa lo que está sucediendo” sostuvo.
Anticipó que el martes tendrá lugar “una reunión de Mesa convocada por la Defensoría del Pueblo. Vamos a participar con el Municipio y a establecer una buena caracterización del conflicto para encontrar una salida que no sea violenta y que también signifique a largo plazo una respuesta” destacó.
El funcionario, reconoció que existe “una deuda provincial estructural, como lo ha repetido infinidad de veces el gobernador Axel Kicillof, de hábitat, vivienda y suelo y la idea es generar un compromiso para trabajar en conjunto”.
Aclaró que, antes de un contacto directo con los ocupantes, “haremos contacto con los sectores institucionales para acordar una estrategia común. Eso es bueno para la propia comunidad, para que reciba un mensaje coordinado” señaló.
“Hay que cumplir con el protocolo y cumplir con esta mesa de gestión y este relevamiento que hay que hacer desde el Estado” explicó.
Pascolini argumentó que “hay un problema estructural que resolver, pero la ocupación de tierras es un camino equivocado, nuestra comunidad tiene que hacer otro camino. La Provincia tiene respuestas, no solo para las familias que reclaman, sino para las familias que están inscriptas en un registro” sostuvo.
Finalmente mencionó que existe “un plan provincial, con una inversión de 190 millones de pesos en tres años, para hacer 35 mil viviendas y reactivar otras diez mil, hacer otras 6.500 a través del PROCREAR, de generar 85 mil lotes y hacer 14.500 mejoramientos habitacionales, 500 intervenciones de integración socio-urbana y de todo eso Olavarría tiene que ser parte” consideró.
“Coincidimos en que la toma no es la forma de llevar el reclamo”
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de Olavarría, Diego Robbiani, opinó tras el encuentro con funcionarios provinciales que “fue una buena reunión y la celebramos”.
“Es bueno que se acerquen de provincia y en conjunto se comience a trabajar en un problema histórico que no solo tiene Olavarría, sino la provincia y el país”, expresó el funcionario del intendente Ezequiel Galli.
Señaló que junto a los funcionarios de Axel Kicillof, “coincidimos en que la toma no es la forma de llevar adelante es tipo de reclamos. Como consecuencia de la resolución del Juzgado de Garantías y la reunión pautada para el día martes con la defensoría del Pueblo establecimos algunos criterios de trabajo” mencionó y agregó: “nuestra decisión fue hacer la denuncia penal, porque entendemos que la toma no es el método. A gran parte de esas familias ya las tenemos relevadas pero ahora comenzaremos una etapa de diálogo”.
Robbiani subrayó que las tierras ocupadas por las familias “no están en condiciones de ser habitables, por lo bajas que son y el estado en el que se encuentran y es imposible de levantar alguna vivienda en ese lugar”.
Sobre la disponibilidad de tierras en la localidad de Olavarría, indicó: “hay tierras en todo el Partido de Olavarría, pero hay pocas en la ciudad en condiciones de ser habitadas. Hay una Ordenanza de ampliación de la planta urbana, de hace un tiempo largo y que estábamos a la espera de más tierras y poder conformar este famoso banco con más tierras” concluyó.
El martes será el día en que comience a funcionar la mesa de gestión y diálogo. La presentación de la Defensoría del Pueblo, trastocó la posición inicial del gobierno de Ezequiel Galli. “Dentro de la Ley todo y fuera de la ley nada” expresó al momento de la concretar la denuncia y reclamó un desalojo “inmediato y pacífico”. Ahora, el conjunto de actores se sentará a dialogar en una mesa y deberá encontrar alternativas de solución a un conflicto, en el que definirá el futuro de setenta familias.
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