En el marco del análisis de la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de San Nicolás, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires (HTC) aprobó el ejercicio con observaciones, pero dejó al descubierto una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Entre los puntos más sensibles aparecen dos temas que ya venían generando controversia a nivel provincial: el pago de un bono extraordinario a concejales oficialistas y aliados y la salida del sistema de IOMA, que derivó en un mayor gasto para el municipio.
El organismo de control no solo cuestionó estas decisiones, sino que además avanzó con sanciones económicas concretas contra los responsables, especialmente en el caso del esquema de cobertura de salud.
Polémico bono a concejales: cuestionamientos por la legalidad del gasto
Uno de los focos del fallo está puesto en la bonificación extraordinaria de un millón de pesos en cuatro cuotas otorgada a concejales mediante el Decreto Nº 1726/2024.
La medida implicó el pago de sumas adicionales a 9 concejales del oficialismo y aliados como si fuesen empleados municipales y significó un premio por fuera del esquema habitual de dietas que originó un gasto de $ 9.250.000,00.
Desde el municipio se ampararon en la autonomía municipal, dijeron que la LOM no prohíbe expresamente el otorgamiento de premios o gratificaciones adicionales y consideraron que los ediles eran merecedores de un reconocimiento al desempeño, planteos que no convencieron al HTC.
En este sentido, el Tribunal encuadró el caso dentro de los egresos observados, es decir, gastos que no cumplen con los requisitos legales o administrativos exigidos. “El Decreto Nº 1726, fue dictado por el Departamento Ejecutivo excediendo los parámetros fijados por el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires” advierten.
La clave del cuestionamiento radica en que las retribuciones de los concejales están reguladas por un marco normativo específico – dietas- por lo que cualquier pago extraordinario debe contar con una habilitación expresa. En ausencia de ese respaldo, el organismo entendió que se trata de un gasto irregular.
Además el Tribunal fue tajante: “no existe posibilidad de reconocimiento al desempeño de un concejal. Su desempeño ya es un deber ético y político inherente al cargo. Utilizar un premio como ‘incentivo’ desvirtúa la naturaleza de la función pública” aseguraron.
Entre el intendente Passaglia y los funcionarios involucrados deberán responder de forma solidaria con un total de más de 12 millones de pesos.
IOMA: el cambio de sistema que generó un perjuicio millonario
El punto más grave señalado por el Tribunal de Cuentas está vinculado a la decisión del municipio de desadherir de IOMA y migrar a otro esquema de cobertura de salud (Prepaga Avalian).
Si bien el caso ya había sido revisado en 2023, el análisis del ejercicio 2024 también incluyó el aparatado por permanecer vigente algunos meses hasta la derogación del convenio.
Aquella medida, impulsada a través de una ordenanza y un decreto, fue defendida por el Ejecutivo local bajo el argumento de su viabilidad legal y constitucional.
En sus descargos, el intendente sostuvo que la decisión había sido autorizada por el Concejo Deliberante y que se enmarcaba en las facultades del municipio para elegir el sistema de cobertura de su personal.
Sin embargo, el Tribunal rechazó esta postura. Si bien no se detiene exclusivamente en la validez formal de la decisión, puso el foco en sus consecuencias económicas: el cambio implicó un aumento en la contribución patronal —del 4,8% al 6%— que derivó en un mayor gasto para las arcas municipales.
Según se detalla en el fallo, entre enero y mayo de 2024 el municipio abonó $79,3 millones en concepto de aportes, cuando de haberse mantenido en IOMA el gasto habría sido de $63,4 millones. La diferencia, considerada indebida, asciende a $15,8 millones.
Para el organismo de control, esta situación configura un perjuicio fiscal originado en una decisión contraria a la normativa vigente, por lo que resolvió desaprobar el gasto y formular un cargo contra el intendente Santiago Passaglia.
La sanción económica incluye no solo el monto del perjuicio, sino también los intereses correspondientes, lo que eleva el total a casi $24 millones. Además, se dispuso la comunicación del caso a IOMA y se remarcó que se trata de una observación reiterada respecto de ejercicios anteriores.
La reacción del sindicato de Municipales: “Denunciar cada atropello y cada irregularidad”
Tras conocerse el fallo, el titular del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Rodolfo Cecchi —quien había impulsado denuncias por el pago del bono y acudido a la Justicia por un presunto esquema de dádivas a concejales-— respaldó la actuación del Tribunal de Cuentas y destacó su “idoneidad y firme compromiso en el control de los actos de gobierno”.
Desde el gremio señalaron que las observaciones del organismo “no son hechos menores”, sino que reflejan una lógica de decisiones discrecionales que afectan la transparencia y el uso de los recursos públicos.
En ese marco, Cecchi cuestionó la “naturalización de prácticas políticas” que, según indicaron, desdibujan el rol del Concejo Deliberante y debilitan la calidad democrática.
Además, vinculó el fallo con otros reclamos que vienen sosteniendo, como la defensa del sistema de IOMA, el rechazo al traspaso de trabajadores a prestadoras privadas y la exigencia de mejoras salariales y laborales, al tiempo que ratificaron que continuarán con las denuncias ante los organismos correspondientes.
“Desde el primer día, nuestro sindicato ha sostenido una postura clara y coherente: denunciar cada atropello y cada irregularidad ante los organismos correspondientes. Y aunque en ocasiones el camino institucional presenta obstáculos —como el archivo de causas penales por cuestiones formales—, reafirmamos nuestra decisión de insistir, de volver a denunciar y de no claudicar” afirmó en relación a la causa judicial que fue archivada por la justicia.
