Las alarmas se volvieron a prender en Ensenada cuando este lunes se conoció que el fiscal de instrucción Marcelo Romero fue designado como el fiscal del juicio oral al intendente Mario Secco, por su irrupción en la Legislatura bonaerense en 2017.
En una nueva trama que borra la frontera entre la justicia y la política, el vilipendiado y aún en el cargo Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, resolvió designar al fiscal que buscó detener a Mario Secco en navidad, para la grandilocuencia del show mediático, a cargo de la instancia del juicio oral.
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Corría diciembre de 2017 cuando en las puertas de la Legislatura provincial se desarrollaba una feroz represión contra los trabajadores del Banco Provincia que reclamaban que ese parlamento no convalide la reforma de su sistema jubilatorio. Entonces, el intendente de Ensenada resolvió entrar al recinto para “frenar la represión”, mostrándoles a los legisladores los cartuchos de bala y los gases lacrimógenos lanzados por la policía.
Por ese hecho, Mario Secco y un conjunto de militantes fueron procesados por “coacción agravada e intimidación pública”; es decir, el Poder Judicial bonaerense entiende que incitaron a la violencia y/o amenazaron y obligaron a otros a infundir temor.
Cuatro años y medio después, el jefe comunal deberá enfrentar un juicio en el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, junto a Nicolás Secco, Braian Yoel Taborda, Esteban Gonzalo Spivak, Luis Matías Emanuel Calcagno y Mario César Maza.
Desde el entorno de la Municipalidad ensenadense no advertían que la causa pudiera conducir a los imputados a prisión, hasta que el viernes pasado durante un almuerzo el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, le solicitó a Marcelo Romero que sea el fiscal a cargo durante el juicio.
Se trata de uno de los tres fiscales de instrucción que tuvo la causa contra Mario Secco y compañía, quien según sostienen desde Ensenada, intentó encarcelar al intendente el 24 de diciembre de 2017 con una preventiva, algo habitual por esa época.
Los otros dos fiscales fueron Juan Cruz Condomí Alcorta, quien inició la causa, y Ana Medina, quien la elevó a juicio, con el aval del juez de Garantías Guillermo Atencio y luego confirmada por la Cámara de Apelaciones platense.
Para la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, la causa fue orquestada desde un principio. “Cuando Mario ingresa a la Legislatura en 2017, estaba de turno la doctora Leila Aguilar. Ingresa en medio del receso, por lo tanto no había filmación en vivo. Entra, muestra los cartuchos y los gases que estaban tirando, y se va”, contó a INFOCIELO.
“A los 40 minutos entra un fiscal, Condomí Alcorta, que viene a actuar de oficio porque en ese momento existía la flagrancia. Cuando le pregunto qué hace, me dice que viene a actuar de oficio. Le pregunto entonces ¿en virtud de qué? ¿Cómo se enteró si no se está transmitiendo y la Cámara está cerrada? No me contesta y, cuando se reinicia la sesión, denuncio eso en mi alocución. Inmediatamente después, por orden de Conte Grand, emite una resolución que dice que la doctora Leila Aguilar, que es la que estaba de turno, tiene mucho trabajo y por eso designa a Condomí Alcorta y Marcelo Romero en la causa“, recordó.
Además, la legisladora y parte del Frente Grande remarcó que si bien no es ilegal que designen al fiscal de instrucción como fiscal del juicio, “no es normal”. Para González, “todo está armado para tenerlo a Mario Secco durante fines de este año y principios del que viene, en medio de la campaña electoral, sentado en el banquillo de los acusados intentando meterlo preso”.
En esa línea, cargó las tintas contra el procurador general, Julio Conte Grand, el único procurador del país que “tenía un teléfono encriptado”.
“Lo que hicieron en Nación sacando a Gils Carbó, lo hicieron en la Provincia sacando a María del Carmen Falbo. Lo que hicieron creando jueces adictos al macrismo, en la Provincia el procurador Conte Grand creó la secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, teniendo a su cargo todas las denuncias de los fiscales y defensores -que antes estaban a cargo de los fiscales generales y los defensores departamentales- y además quedó a su cargo los juicios a los magistrados que tramita la Bicameral de enjuiciamiento. Eso hizo que él pudiera promover jurys y destituciones para algunos, y para otros archivos de la causa”, concluyó.
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