El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires realizó posteos en redes sociales comunicando que dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de un motociclista que realizaba maniobras temerarias en la vía pública y las difundía en sus redes sociales. La medida, comunicada a través de la cuenta oficial del organismo en la red social X, establece la suspensión hasta el año 2099.
Según la versión oficial, la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial detectó las conductas a partir del propio material audiovisual que el conductor publicaba como forma de entretenimiento.
Entre las maniobras registradas se mencionan y muestran desplazamientos sobre una sola rueda, zigzagueos entre vehículos y tramos en los que el motociclista se paraba sobre el asiento mientras la moto continuaba en movimiento. “Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron, ejemplificadoramente desde la cartera al comunicar la sanción.
Un plazo pensado para el impacto
Setenta y tres años es, en términos prácticos, una cifra sin diferencia funcional respecto de una inhabilitación más acotada: nadie va a controlar si el sancionado intenta volver a conducir en 2099.
La elección de esa fecha, sumada al énfasis del comunicado oficial en que el conductor exponía sus maniobras “como diversión” y en que la vía pública no es un espacio para “desafíos ni acrobacias”, sugiere que el destinatario del mensaje no es solo quien protagonizó el hecho, sino cualquiera que esté pensando en imitarlo para viralizar contenido similar.
La sanción, de todos modos, tiene un alcance acotado. Medios nacionales que consultaron fuentes propias precisaron que la inhabilitación regiría únicamente para la licencia emitida en territorio bonaerense: para que el motociclista quede impedido de conducir en todo el país debería intervenir la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo con competencia federal en la materia.
Una versión sin corroboración por fuera del comunicado oficial
Toda la cobertura del caso (incluida la de medios de alcance nacional) se apoya exclusivamente en la comunicación difundida por el Ministerio de Transporte bonaerense y en el parte distribuido por agencia de noticias.
La facultad para aplicar este tipo de medidas surge de la Ley provincial de Tránsito 13.927, que habilita a la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial a intervenir preventivamente ante conductas que pongan en riesgo la seguridad vial.
El organismo ya había recurrido a un mecanismo similar en 2025, cuando dijo haber inhabilitado a otro conductor tras detectarlo (también a partir de material difundido públicamente) hablando por videollamada mientras manejaba.
Se trata, en definitiva, de un antecedente que muestra una estrategia de fiscalización cada vez más apoyada en el rastreo de contenidos en redes sociales.
El caso vuelve a instalar el debate sobre qué rol les cabe a las plataformas y a los propios usuarios en la viralización de este tipo de conductas, más allá de la sanción puntual que reciba cada infractor identificado.
