El Gobierno acordó con las contratistas a cargo de los corredores viales A, C, E, F y SUR, la recisión de los contratos. Son cinco de los seis que cumplieron dos años bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP) realizado por la gestión de Mauricio Macri. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, explicó el por qué de la decisión anclada en la subejecución de obras y subsidios extraordinarios de la gestión de Cambiemos.
En dialogo con Fernando Bravo por Radio Continental, Katopodis apuntó a la falta de transparencia con la que el gobierno macrista manejó los contratos PPP. “Eran corredores viales que estaban concesionados en el marco de un esquema que el gobierno anterior inició hace mas de 2 años y llamaban PPP, tenían esta manera de concesionar los peajes de estos corredores con la particularidad que las empresas tenían un plazo para integrar un financiamiento con el que se iban a hacer las obras”, dijo.
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En suma, se iban a construir más de 2.500 kilómetros en autopistas, en rutas seguras, se iban a intervenir en 6 corredores de todo el país. “A los largo de estos 2 años, el financiamiento nunca llegó, el estado de avance de las obras después de los años y de dos prórrogas que tuvo el contrato fue de apenas el 2%”, denunció Katopodis quien además remarcó que “los contratos vencieron el 30 de noviembre, con lo cual estuvimos en la instancia de llegar a un acuerdo de rescisión entre las partes (Estado y sector privado), y con esto evitamos juicios que muchas veces terminan siendo millonarios para el Estado”.
Así las cosas, el traspaso de los corredores al Estado, se produce a partir de la rescisión de ese contrato, y “al no poder garantizar el financiamiento”, explicó el ministro Katopodis. Esta estatización, “significa que ese personal se incorpora al esquema de la Dirección Nacional de Vialidad y que va a ser financiado con el mismo peaje de los corredores”.
Lo cierto es que el gobierno de Macri había prometido “que iban a llegar las obras”, por lo que “a esta altura tendríamos que estar hablando del 40%, 50% de las obras, y nunca se ejecutaron”, remarcó Katopodis en dialogo radiofónico y siguió: “No había ninguna posibilidad que las empresas pudieran acercar este financiamiento que era de un costo extraordinario, íbamos a terminar devolviendo casi tres veces el costo del financiamiento con las que se iba a ejecutar la obra pública. Porque el modelo estaba así planteado y suponía una intervención del sector privado financiero con altas comisiones, con lo cual estimamos que los 5 mil millones de obras en ejecución física iban a terminar saliendo arriba de 12 mil o 13 mil en cuanto a la amortización final”.
Katopodis puso los números sobre la mesa: “Hemos traspasado 5 corredores que le salían al Estado 5 mil millones de pesos por año en subsidio y lo hemos reducido a apenas 500 millones”, y agregó: “Estamos convencidos que podemos administrar mejor, no importa si es público o privado, sino que sea transparente y eficiente”.
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