La fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron procesar con prisión preventiva a un empresario acusado de explotar trabajadores en dos campos del partido bonaerense de Cañuelas, informaron fuentes judiciales.
El pedido alcanza a cinco personas más, entre ellas la hija del empresario y dos gendarmes, quienes están acusados de engañar, trasladar y explotar al menos a 31 trabajadores en situación de vulnerabilidad en una compañía avícola, en donde una mujer falleció por hantavirus.
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En las últimas horas, y según publicó el portal Fiscales.gob.ar, la instructora de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Protex, solicitaron el procesamiento de Carlos Felipe Fernández, el dueño de la empresa avícola Supremo S.A; y de su hija, Bárbara Melisa Fernández, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Además, se solicitó el procesamiento de otros tres hombres: Nicasio Nahuel Canga, acusado en calidad de partícipe necesario y para quien también se reclamó la preventiva, y los gendarmes Ismael Rodrígues López y Osvaldo Marcelo Guevara, a quienes se endilga haber controlado los movimientos de los trabajadores, como partícipes secundarios del mismo delito.
La sexta imputada es Lidia Beatriz Aguilera, quien está acusada por encubrimiento.
La empresa avícola se dedica al criado y comercialización de pollos y cuenta con varios campos ubicados en las localidades bonaerenses de Cañuelas y Las Heras.
Para los investigadores, está acreditado que Fernández, junto a su hija, y con la colaboración de Canga, Rodríguez López y Guevara entre otros, explotó laboralmente al menos a 31 personas en situación de vulnerabilidad.
Las víctimas habrían sido captadas y trasladadas a los campos mediante engaños y falsas promesas por parte de Fernández y de su hija.
Así, dispusieron lo necesario mediante la utilización de terceras personas para atraer a grupos familiares, tanto de nacionalidad argentina como extranjeras.
Una vez allí fueron sometidos a condiciones indignas de trabajo y su libertad fue restringida: trabajaban de lunes a viernes de 6 a 21 y en algunas ocasiones, algunos de ellos debieron extender ese horario incluso durante la noche.
Varias de las víctimas declararon que en ocasiones tuvieron que trabajar las 24 horas del día, de lunes a lunes.
Además, los trabajadores indicaron que cobraban en negro una suma de dinero por presentismo pero solo lo hacían los trabajadores del sexo masculino, quedando así las mujeres afuera de este aliciente.
El allanamiento en el campo se realizó el pasado 2 de diciembre.
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