Por irregularidades consideradas de gravedad en el desarrollo del juicio político del fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, tres legisladores presentaron un pedido de jury contra la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la magistrada Ana María Borimborde.
El pedido de jury ingresó hoy en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires con la firma de los legisladores Carlos Puglielli, Juan Martín Malpeli y Juan Alberto Martínez, con el patrocinio legal de María Eugenia García.
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Además, los legisladores presentaron una denuncia penal contra Borimborde. Tanto en el fuero penal como ante la Secretaría mencionada, la jueza fue acusada por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Los legisladores denunciaron que para acusar a Scapolán la jueza Borimborde omitió esperar la opinión de la Comisión Bicameral, sin respetar la legislación vigente en la Ley 13.661.
Para los legisladores, la jueza dictó resoluciones en el proceso de juicio político a Scapolán contrarias a la ley vigente, entre ellas, excluir a la Comisión Bicameral en su rol de acusador o no.
El órgano que sí asumió el rol acusador fue la Procuración General de la Corte, firmado por Julio Conte Grand.
La Comisión Bicameral se conformó en diciembre de 2022 y pidieron en dos notas una copia del cuerpo acusatorio a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, a cargo de Borimborde, pero la jueza no trasladó el expediente y continuó adelante con el jury, lo que fue calificado como un hecho de suma gravedad institucional.
Los legisladores, en el oficio presentado hoy, pidieron el apartamiento del cargo, la suspensión y la destitución de Borimborde.
En el escrito los legisladores —integrantes de la Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires— apuntan fallas promovidas por Bourimborde en lo que respecta a la correcta intervención de dicha comisión en el desarrollo del juicio político que se lleva adelante a Scapolán.
Como se recordará, el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán enfrenta desde la semana pasada un jury de enjuiciamiento acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías que entre los años 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes en los operativos para su posterior comercialización.
Sin embargo, en Casación ya descartaron que hubiera habido sustracción de drogas y un testigo clave que había declarado en contra de Scapolán se desdijo, lo que generó un giro en la causa. Ante este escenario, este martes se realizaron los alegatos y, según el cronograma oficial, el lunes 17 de marzo próximo se dictará la sentencia.
En lo que respecta a la denuncia, Puglielli, Malpeli y Martínez detallan como una primera falla en el procedimiento que ante la suspensión de la conformación de la Comisión Bicameral —necesaria para dar inicio al jury— para resolver respecto al juicio político a Scapolán a causa de la pandemia, el 7 de octubre de 2020 el representante del Ministerio Público Fiscal “se instruyó en aquel carácter y formuló la respectiva acusación, siendo que la Comisión Bicameral no contestó dicho traslado”.
“Posteriormente, en fecha el 19 de mayo de 2022, el Procurador General también asumió el rol de acusador en el citado proceso, mientras que la Comisión Bicameral se encontraba aún sin haber emitido opinión respecto del traslado primigenio, ni tampoco del traslado sucedáneo”, enfatizaron los legisladores.
Tal como detalla el escrito presentado por los legisladores de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento se terminó de constituir a fines de 2022. En ese sentido, la denuncia precisa que la Comisión Bicameral solicitó a Bourimborde todos los expedientes en trámite y que “se suspendan los trámites en cuyo procedimientos éste cuerpo deba intervenir”.
“Se requirió el giro a esta Comisión Bicameral de las actuaciones efectos de emitir en todos los procesos que se hubiere resuelto dar por declarada la competencia”, dice el escrito.
“Que dicha misiva debería haber sido respondida por la denunciada en su rol de Presidenta del Jurado, no obstante hizo caso omiso a los requerimientos del Presidente de la Comisión y continuó con los procesos en trámite conforme su estado”, apuntó la denuncia respecto al accionar irregular de la jueza.
Los legisladores, luego, señalan que en marzo volvieron a repetir la solicitud y recibieron la misma respuesta. “No modificó en absoluto el desarrollo de los procedimientos en curso a los que refiere la misiva, los cuales prosiguieron sin dar traslado ni intervención a la Comisión Bicameral a efectos de que pudiera reformar su rol”, indicaron.
Los aprietes a un testigo clave
Ante los miembros del jurado de enjuiciamiento, un testigo de la causa aseguró haber sido presionado por Sandra Arroyo Salgado y Federico Domínguez para declarar.
“Yo me tuve que hacer cargo de cosas para poder recuperar mi libertad. Recibí presiones y tuve que declarar lo que declaré para recuperar mi libertad. Fui coaccionado. Yo tenía miedo de morir preso. Tuve que declarar eso para poder estar en la calle”, afirmó el testigo.
Al ser consultado sobre quién los coaccionó, mencionó que “siempre estuvo presente el fiscal Domínguez y el personal del juzgado, de la fiscalía”, y además sostuvo que “ya estaba todo armado” y que él solamente tuvo que decir “que ‘sí’ o que ‘no’ a algunas cosas”.
“Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal Domínguez y la Dra. Salgado, a sabiendas de que si no declaraba podía quedar preso un montón de años. Así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad y no quedar detenido”, agregó.
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