Un juez federal que interviene en la causa conocida como la Gestapo Judicial dictó la falta de méritos para un grupo de exfuncionarios bonaerenses y espías, aunque indicó que adopta con un “temperamento expectante” y pidió profundizar algunas de las pruebas, informaron fuentes judiciales.
La determinación la tomó el magistrado Marcelo Martínez Di Giorgi luego de que en agosto pasado la Cámara Federal porteña había revocado los procesamientos de los acusados.
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La investigación tuvo un giro cuando el expediente pasó de la justicia federal de La Plata, encabezada por el juez Ernesto Kreplak, hacia la justicia federal porteña.
Martínez Di Giorgi dictó la falta de mérito para los siguientes exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal: Marcelo Eugenio Villegas, Adrián Patricio Grassi, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Darío Alberto Biorci, Juan Sebastián De Stefano, Diego Luis Dalmau Pereyra, Roberto Gigante, Marcelo Jaworski, Ricardo José Alconada Magliano, Guillermo Federico Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Rolando Cusini y Bernardo Luis Zaslascky.
Asimismo, el juez ordenó una serie de medidas de prueba, que incluyen profundizar sobre las causas contra el sindicalista Juan “El Pata” Medina y reclamar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) información sobre el hallazgo del video que destapó la reunión que tuvo lugar en el Banco Provincia de la Capital Federal y sus derivaciones.
Martínez De Giorgi entendió que “las dudas instaladas” y el estado de las actuaciones “vuelven indispensable en esta instancia adoptar un temperamento expectante en torno a los nombrados y disponer al respecto la realización de una serie de medidas de prueba con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de investigación”.
Ante esta decisión, el fiscal Franco Picardi apeló y sostuvo que la resolución es “arbitraria, pues no analiza de manera integral la base fáctica que se ha logrado reconstruir en el presente caso”.
Picardi Insistió en que, a su criterio, las pruebas contra los implicados y en “el rol de la Agencia Federal de Inteligencia, que fue esencial en este entramado”.
Como se recordará, la causa se inició en diciembre de 2021 cuando la AFI presentó en la justicia federal de La Plata una filmación encontrada en sus oficinas, que daba cuenta de una reunión ocurrida el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.
“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, decía en ese encuentro Marcelo Villegas, entonces ministro de trabajo de Vidal, según reveló un video encontrado en la AFI a fines de 2021.
Junto con Villegas en la reunión participaron el entonces intendente de La Plata, Julio Garro; el exministro de Infraestructura Roberto Gigante; el exsecretario de Justicia Adrián Grassi; el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan; los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stéfano; Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra; y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.
Todos hablaron de los aprietes y extorsiones que sufrían de parte de Medina y que la justicia no hacía nada. Allí Villegas les pidió a los empresarios que presentaran notas contra el gremialista para después judicializarlas y que para eso ya tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez”.
Más tarde, Medina fue detenido y procesado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, junto a otros acusados.
En abril de 2022, el juez Kreplak procesó al exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan; y a los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). Y en ese fallo pidió profundizar la investigación a las “autoridades nacionales” que dieron órdenes y a las judiciales por el armado de casos.
Pero a fines de agosto pasado, en una votación dividida, la Cámara Federal revocó esos procesamientos con severas críticas a la investigación y ordenó profundizar medidas.
En ese sentido, ahora Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para todos los investigados y ordenó avanzar sobre algunos puntos. Para el tribunal, resulta necesario contar con el testimonio de Hugo Timossi, presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, junto a Andrés Fariña, Jorge Martínez, Nicolás Quiroga y Ángel García.
El juez ordenó además efectuar “un análisis profundo de las once causas que se habrían formado contra Medina y su agrupación gremial” y detallar en qué está la causa principal contra “Pata” Medina.
En su presentación, Picardi advirtió que “los hechos que conforman el presente caso se ciñen a la planificación, diseño y ejecución de una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de la U.O.C.R.A.-Seccional La Plata, concretamente al Sr. Juan Pablo Medina y su entorno, por parte del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, y cómo “se involucró a la Agencia Federal de Inteligencia y a sus agentes, quienes, bajo el designio de sus máximas autoridades, realizaron actividades de inteligencia prohibidas por la ley”.
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