La Asociación de Fiscales Bonaerenses, recientemente creada, advirtió mediante un comunicado por el colapso del sistema penal y pidió mayores recursos económicos y humanos con el fin de ofrecer una justicia eficiente, ágil y acorde a los nuevos paradigmas sociales.
En el comunicado los fiscales se quejaron por la lentitud para ocupar nuevas vacantes, por el cúmulo de trabajo y por la falta de recursos materiales para llevar adelante investigaciones penales, “tras décadas de degradación del sistema penal que lo pusieron al límite de lo tolerable”.
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“Nuestro ámbito de actuación resulta ser el más extenso, poblado, de mayor conflictividad y vulnerabilidad social; todo lo cual se ve reflejado en la cantidad, diversidad y complejidad de los procesos penales que se tramitan en su territorio”, se sostiene en el comunicado.
“En este contexto -continúa el escrito-, las cuestiones sometidas a nuestra intervención, suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad”.
Explicaron que en el año 1998 se impuso a los Agentes Fiscales la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal, sin dotarlos de los recursos necesarios para cumplir su función de manera eficiente.
Y sostuvieron que en la actualidad, existen Agentes Fiscales con turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo.
La Asociación sumó a la queja la falta de creación de cargos, la gran cantidad que quedan por cubrir tanto de empleados y funcionarios, como de magistrados en todos los Departamentos Judiciales.
“En líneas generales, si se genera una vacante por el motivo que fuere (renuncia, fallecimiento etc.), tarda años en cubrirse, con la escalada de sobrecargas que esto conlleva entre quienes siguen en funciones, y un sistema que se resiente cada vez más”, se firmó en el comunicado.
“En este contexto de carencias, la posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada; máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales -tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas-, así como de insumos. Lo señalado, redunda frecuentemente en que no haya donde realizar determinadas labores o que las fechas otorgadas para ello sean tan lejanas que atenten contra el resultado de la investigación y el trámite del proceso, por exceder los plazos que la normativa establece”.
Los fiscales se compararon con la Policía. En el comunicado expresaron: “Debe tenerse en cuenta como un parámetro objetivo que muestra la desigual asignación de recursos, que por ejemplo desde el año 2007 a la actualidad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45.000 efectivos en actividad a 90.000. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la justicia”.
Para concluir, se afirmó que “la relevancia social que nuestra actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar”.
Como se recordará, en octubre pasado, unos 300 fiscales de toda la Provincia dieron el aval para constituir una asociación propia, en principio paralela pero pronta a separarse del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que hoy los representa.
Así surgió del acta constitutiva de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, que promueve la “independencia” de los fiscales, brega por la “vigencia y operatividad de los derechos y facultades que garantiza el ordenamiento legal vigente”, por “afianzar la dimensión institucional del Ministerio Público Fiscal en el servicio de justicia” y “jerarquizar la actuación de los Fiscales y propender a su capacitación profesional”, entre otros ítems.
¿El comunicado deja mal parado al Procurador Julio Conte Grand por no canalizar con eficiencia estos reclamos ante el poder Ejecutivo?
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