Después de la polémica generada por los beneficios procesales otorgados a internos que constituyeran “factor de riesgo” por COVID, el Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak, volvió a quedar en la mira, bajo sospecha de ocultar contagios dentro de las cárceles.
El dato surgió luego de que defensores oficiales denunciaran que en la Unidad 4 de Villa Floresta, Bahía Blanca, donde hay 860 internos, se descubrieran casos de la enfermedad por encima de los 22 admitidos por las autoridades.
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Así lo explicó Jorge Sayago, Defensor General Penal de Bahía Blanca, en diálogo con Todo no se puede, al aire de LA CIELO. “Desde la semana pasada tenemos 22 internos confirmados contagiados con COVID 19, pero teníamos la sospecha de que el número era mayor”, admitió el funcionario.
A partir de esa sospecha, el Defensor General departamentao “pidió un informe para que se actualicen los datos y no se lo contestaron” por lo cual los defensores oficiales se pusieron en alerta.
Es que la actividad en ese departamento judicial está a punto de reiniciarse con juicios orales presenciales y la posibilidad de que el virus se transmita de internos a testigos, funcionarios, jueces y víctimas se hizo latente.
El propio Sayago explicó que ese peligro estuvo latente en el caso de un juicio que se había agendado para el próximo 2 de agosto. “Para el primer juicio oral que tenemos, que es el 2 de agosto, le dije a una defensora que llame y pregunte cuál es la situación del interno”, narró.
Para sorpresa de ambos, al comunicarse con el interno constataron que “presentaba todos los síntomas, a pesar de que figuraba como sano y de que estaba alojado en un pabellon junto a otras 90 personas” presuntamente sanas. “Cuando saliera del penal iba a tener contacto con todos los operadores del sistema, los testigos, y es un riesgo cierto”, se alarmó Sayago.
“Una hora después de la consulta, el Servicio Penitenciario informó que esta persona pasó a aislamiento con todos los demás internos, que se le iba a hacer el hisopado y que se suspendia el juicio”, agregó.
A partir de ese caso, la conclusión del funcionario judicial fue tajante: “Hay una voluntad de no informar, de no blanquear, de no decir el número real de contagiados”, denunció.
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