El suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán comenzó a ser sometido hoy a un jury de enjuiciamiento, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías, que entre los años 2013 y 2015 robó cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para su posterior comercialización.
Fuentes judiciales informaron que el jury inició a las 9 en el edificio Anexo del Senado bonaerense, situado en las calles 7 y 49, de la ciudad de La Plata, y se espera que el proceso se desarrolle al cabo de cuatro o cinco días de audiencias, para las cuales fueron convocados más de 54 testigos.
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Los dos primeros en declarar hoy serán la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, encargada de la instrucción de la causa en la que fue imputado a Scapolán, y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.
Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por la Procuración de la Corte Bonaerense, y se dispuso además el embargo del 40% de su sueldo.
En una resolución del 23 de febrero pasado, en tanto, se decidió someterlo a un jury a partir de hoy con el fin de resolver su remoción del cargo o su absolución.
El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.
Además, lo integran los conjueces legisladores: el senador Juan Pablo Allan (Juntos), el diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), el diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), la senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y la diputada María Eugenia Brizzi (Juntos), junto con los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
La primera denuncia contra el fiscal Scapolán fue realizada en el 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado, quien tuvo a su cargo la causa y lo procesó por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, la magistrada trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por 2.000 millones de pesos.
Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense y abogados actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quien quedó afuera del proceso penal porque aún debe ser sometido a jury.
Anteriormente, la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolán, dictó la falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados al fiscal y confirmó solo el de falsedad ideológica de documentos públicos en relación a un operativo en el caso “Anacona” o “Leones Blancos”.
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