La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires advierte que la superpoblación en las comisarías de sectores del Conurbano supera ampliamente el 200%. Con 5.474 detenidos alojados “en condiciones deplorables de infrahumanidad, en los establecimientos dependientes del Ministerio de Seguridad”, manifiestan que esto significa “un riesgo para los vecinos” y que “desnaturaliza la función policial”.
El relevamiento se efecuó en los 19 departamentos judiciales, arroja cifras alarmantes. En Quilmes las sedes albergan a 640 internos, cuando la capacidad es para 199; en Avellaneda, Lanús, la cifra es de 523, cuando el cupo marca 185; mientras que en Lomas de Zamora, los índices ascienden a 791, presos siendo que la capacidad es de 261.
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En el documento, remarcan que el cupo máximo de todas las dependencias policiales, en el territorio provincial, es de 2 mil detenidos, por lo cual “nos encontramos ante una situación de sobreocupación de más del 260%, lo que excede largamente el límite de lo tolerable, encontrándonos con casos donde la superpoblación supera el 500% y hasta el 1000%”.
Asimismo, detallan que ese nivel de hacinamiento se ve notoriamente agravado por las deplorables condiciones edilicias, presentándose –en su gran mayoría– como ambientes sin ventilación, con poca o nula iluminación, sin capacidad de respuesta a las necesidades higiénicas y a las demandas sanitarias, sin la alimentación apropiada, con déficit de camastros y colchones.
En definitiva, “sin los mínimos recaudos como para mantener a personas alojadas por lapsos prolongados, con lo cual se contrarían las más elementales normas de derechos humanos, prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas y, además, plasmadas en numerosos decisorios judiciales locales, nacionales e interamericanos”.
Por otra parte, la Red de Jueces Penales consideran que “nos encontramos que el alojamiento de detenidos en comisarías, lejos de contribuir al mejoramiento de ese problema, distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en la prevención del delito y en la atención de las víctimas, pues esas dependencias son centros de atención primaria de la seguridad vecinal”.
De tal manera, concluyen que no sólo se “desnaturaliza la función policial”, esencialmente vinculada a prevenir y neutralizar la violencia y el delito en la sociedad, sino que convierte a las comisarías en pequeñas penitenciarias barriales, en medio de centros urbanos densamente poblados.
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