La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) renovó sus autoridades para el período 2026-2027 y presentó su informe semestral de libertad de prensa. Daniel Dessein (La Gaceta de Tucumán) fue reelecto como presidente del Consejo Ejecutivo, al término de la asamblea Anual celebrada en la capital tucumana.
La nómina de la conducción quedó integrada en las vicepresidencias por Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta). Pablo Deluca (Infobae) asumió la Secretaría General, flanqueado por Tomás Vio (Diario Olé) en Organización, Agustino Fontevecchia (Perfil) en Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) en Actas. La tesorería estará a cargo de Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), secundado por Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero. Los seis vocales titulares electos son Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo), Ricardo Terán (La Capital), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja). Martín Etchevers (Clarín) presidirá la Comisión de Libertad de Prensa e Información, mientras que José Santa María (Página/12) encabezará la de Asuntos Económicos. Andrés D’Alessandro y Gabriel Matijas continuarán al frente de la Dirección Ejecutiva y la Gerencia General, respectivamente.
Foco en la Inteligencia Artificial: la amenaza de la apropiación indebida de contenidos
Uno de los ejes centrales del informe semestral —cuya lectura estuvo a cargo del propio Dessein durante el mediodía del viernes— se concentró en el impacto disruptivo del desarrollo tecnológico sobre la sostenibilidad de los medios. ADEPA encendió las alarmas de manera explícita por el uso no autorizado de contenidos periodísticos para alimentar y entrenar modelos de Inteligencia Artificial (IA) y algoritmos de búsqueda sin el debido reconocimiento ni la correspondiente compensación económica a sus creadores.
Para la entidad, esta práctica vulnera directamente la propiedad intelectual y atenta contra la supervivencia económica del periodismo independiente en favor del dominio publicitario que ya concentran las grandes plataformas globales.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático”, enfatizó el documento.
Se remarcó que, ante la proliferación de desinformación y contenido algorítmico, el periodismo profesional —dedicado a la verificación, investigación y contextualización de los hechos— resulta una pieza “irremplazable”. ADEPA exigió la construcción de un ecosistema digital “competitivo y transparente” donde se reconozca y remunere adecuadamente el trabajo intelectual de quienes producen información verificada.
Deterioro del debate público e intimidación desde el poder
Paralelamente al plano tecnológico, el documento trazó un diagnóstico sombrío sobre el clima para el ejercicio de la libertad de expresión, vinculando la pérdida de valor de la información profesional con las sistemáticas descalificaciones lanzadas desde posiciones de poder político. Si bien la entidad reafirmó que “la crítica al periodismo es legítima y necesaria”, advirtió que “el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, deterioran el debate democrático”.
En esa línea, se señalaron las declaraciones del ministro de Economía de la Nación del 25 de agosto, quien sugirió que “la Justicia debería actuar” e impulsar “una ley que castigue” publicaciones periodísticas calificadas por el Ejecutivo como falsas, propuesta respaldada públicamente por el presidente Javier Milei. ADEPA alertó sobre el peligroso efecto inhibitorio que este tipo de iniciativas legislativas proyecta sobre la investigación de temas de interés público.
El informe precisó cifras para ilustrar la escala del hostigamiento: solo en la semana comprendida entre el 17 y el 23 de agosto, se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta personal del Presidente, 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas, dejando como saldo el señalamiento directo a 16 periodistas y 9 empresas de comunicación.
“Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, sostuvo el texto.
A esta dinámica hostil se sumaron las restricciones de acceso impuestas a cronistas acreditados en la Casa Rosada, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía, así como la resolución del Ministerio Público de San Juan que buscó centralizar el flujo de información periodística en una sola autoridad.
Como contracara institucional del evento, se destacó la participación en Tucumán del secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno, Fabián Fernández, quien el jueves previo a la asamblea mantuvo reuniones con directivos de medios de todo el país y recorrió la sede del diario La Gaceta.
Garantías judiciales para el ejercicio periodístico
Por último, el documento repasó una serie de decisiones del Poder Judicial que operaron como resguardo para las garantías constitucionales del sector:
- Resguardo de fuentes: El sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro en la causa derivada de las maniobras de Marcelo D’Alessio reconfirmó la inviolabilidad del secreto profesional de las fuentes.
- Límite a la censura previa: La Cámara de Apelación de San Isidro dejó sin efecto las medidas que prohibían a cronistas difundir datos o tomar contacto en la causa encarada por los dirigentes del fútbol Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
- Criterios sobre entornos digitales: La Cámara Civil y Comercial Federal denegó la desindexación de artículos sobre denuncias de abuso relativas a un director teatral absuelto, mientras que la Justicia dictaminó la restitución provisoria de las plataformas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
