El conflicto por el incremento de los derechos de exportación de soja en 2008 marcó un antes y un después en la historia de la política agropecuaria. En aquellos agitados días, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó implementar un sistema de retenciones móviles, en donde los productores pagarían un tributo que variaba de acuerdo al precio internacional de la oleaginosa.
La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar, y con la Mesa de Enlace como lanza, se vivieron semanas de cortes de rutas, con un amplio apoyo del arco opositor. Esta disputa divorció de manera definitiva al Frente para la Victoria con el sector productivo.
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Con la llegada del presidente Mauricio Macri al poder, esos dirigentes opositores que apoyaban con su discurso a ese vasto universo denominado “campo” llegaron a la Casa Rosada. Una de las primeras medidas del titular del Ejecutivo fue derogar las retenciones al trigo, maíz y girasol y bajar 5 puntos las de soja, con la promesa de revisarlas en el transcurso de 2016 y reducirlas de manera paulatina hasta su total eliminación.
La promesa de esta “revisión” no incluía certezas en cuanto a plazos y porcentajes. A mediados de 2016, el Gobierno anunció que durante el siguiente año no modificarían las retenciones en soja, y que a partir de enero de 2018 se implementaría una naja gradual del tributo, a razón de 0,5% mensual, para llegar en diciembre de 2019 a un 18%.
El futuro llegó, y desde hoy se aplica esta rebaja a cuentagotas, resistida por gran parte de la cadena de valor de este cultivo. Aquellos dirigentes políticos que al calor de los cortes de ruta proclamaban ante cuanto micrófono tuvieran a su alcance la injustica que conllevaba este impuesto, hoy son los mismos que defienden a capa y espada esta modalidad.
Desde el Ministerio de Agroindustria nacional intentaron una especie de maquillaje, que consistió en una devolución del 5% en concepto de retenciones a los productores sojeros de las 10 provincias del Plan Belgrano Cargas. En una primera instancia, el proyecto abarcaba a todas las escalas de producción, pero fiel a su estilo de ensayo y error, el oficialismo finalmente acotó la medida para cosechas de hasta 2.000 toneladas. Hasta el momento, las asociaciones que representan a estos agricultores han manifestado su inconformidad por el retraso en la falta de pago de estas devoluciones.
Como dato a tener en cuenta, el panorama para el cultivo presenta dudas en su horizonte, por los pronósticos de estabilidad de precios en los mercados internacionales, y las dificultades que atraviesa la industria vinculada a la soja, con la exportación de biodiesel como problema excluyente.
La quita escalonada de retenciones, que durante este año tendrá un costo fiscal de 20.000 millones de pesos, ya ha generado las primeras reacciones. Como una obra de teatro en donde los actores de reparto intercambian papeles, la oposición a Cambiemos ahora protesta contra la rebaja de retenciones.
En una especie de remake 2018 de “la 125”, el diputado peronista José Luis Gioja, vicepresidente de la Cámara de Diputados nacional, emitió un comunicado en donde enfatiza el “cinismo sin límites, de un decretazo reducen la recaudación en 6 mil millones de pesos que impactará directamente en las provincias”.
El sanjuanino no ahorró munición para mostrar su desacuerdo con esta medida, y presentó un proyecto de Ley para declarar inconstitucional el decreto mediante el cual el oficialismo emplea para disminuir las retenciones a la soja. “Esta norma no sólo afecta económicamente a las provincias, además es inconstitucional e ilegítima porque el Gobierno no tiene la facultad para dictarla” advirtió.
De esta manera, la política agropecuaria no se toma respiro en este enero caliente. En Agroindustria se abre un nuevo frente de tormenta, que se suma a los escándalos que protagoniza Luis Miguel Etchevehere, en un fuego cruzado por el bono de 500.000 pesos que le pagó la Sociedad Rural, y las acusaciones de estafa de su hermana en Entre Ríos, que le valieron una citación de la justicia para el próximo 27 de febrero.
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