El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un 0,2% de superávit en el primer trimestre, pero omitió mencionar la recesión económica y los recortes constantes, entre los que se encuentran las políticas de género, la educación pública y las jubilaciones.
A un día de la marcha en defensa de la educación pública, Milei sostuvo en su mensaje que Argentina se encuentra en el último tramo del “esfuerzo” para la recomposición económica del país. Si bien afirmó que “no se les traslada el ajuste a todos sino a los que fueron beneficiados antes”, las consecuencias de la motosierra son evidentes.
El superávit del que se aferró para felicitarse a sí mismo y sus funcionaros económicos en cadena nacional tiene un trasfondo: la licuación de las jubilaciones, la desfinanciación de las universidades nacionales, el abandono a pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, entre otros. “La era del Estado presente ha terminado”, dijo y en eso cumplió.
Es importante mencionar el concepto de “feminización de la pobreza” para entender que, en un contexto de desigualdad estructural, las mujeres siguen siendo las más perjudicadas por los recortes de la motosierra de Milei.
Hace tres meses por decisión del gobierno actual dejó de existir el Ministerio de las Mujeres, Géneros, y Diversidad de la Nación. Con este cierre, comenzaron a desregular políticas públicas como el Programa Acompañar que brinda apoyo económico a más de 258.000 mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ en situación de violencia. Lo mismo sucede con la Ley Brisa que acompaña a 665 familiares que se hicieron cargo de la crianza de hijos de víctimas de femicidio.
Además, el Ministerio de la Mujer financiaba el equipamiento además de la refacción de hogares y refugios para personas en situación de violencia de género. En total, asistió a más de un millón y medio de personas con esta problemática. Hoy para esto, no hay plata.
Por otra parte, el gobierno libertario desmanteló el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que funcionaba de forma exitosa en 12 provincias, y cuenta entre sus logros comprobables, la reducción de casi el 50% de la tasa de embarazos adolescentes en un tiempo tan corto, que sentó un precedente en Latinoamérica.
“El plan está funcionando” dijo el presidente de la Nación, y amplió informando los aumentos que propició en diferentes políticas de acompañamiento como el Plan de los Mil Días, que tuvo un incremento del 500%. Este programa fue creado durante la presentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como un apoyo económico para las mujeres que quieran continuar con su gestación, pero no tengan los medios. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que tienen “como prioridad invertir en la primera infancia para que los chicos puedan desarrollarse y ser libres. Es una inversión en el futuro del país”.
Pocas semanas antes de este anuncio, La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la IVE que desató el enojo y repudio por parte de los espacios feministas. El plan del presidente tiene un hilo conductor visible, y nada tiene que ver con la libertad de las mujeres.
Por último, en un supuesto contexto de doble superávit, las universidades nacionales están funcionando con un protocolo de emergencia ante la falta de presupuesto. Pese a la inflación exorbitante, el gobierno nacional envió para 2024 el mismo monto que fue aprobado en 2022 para ser utilizado en 2023. En caso de no obtener el dinero necesario para cubrir los gastos, las universidades nacionales no pueden asegurar su normal funcionamiento después del 31 de mayo. Es decir, que podría no haber clases durante el segundo cuatrimestre.
El desmantelamiento de las políticas públicas de género y de asistencia social implica una menor inversión monetaria del estado, pero las consecuencias son graves y están a la vista.
