La aprobación de la modificación a la Ley de Alquileres que propuso Juntos por el Cambio para reducir de 3 a 2 años el contrato mínimo de alquiler y establecer aumentos cada cuatro meses despertó fuertes críticas entre los inquilinos, que expresaron su malestar por las nuevas condiciones que deberán enfrentar en medio de una economía en crisis.
Lo llamativo de la modificación, que fue aprobada con 125 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones, es que hubo legisladores y legisladoras que marcaron su voto pese a tener un evidente conflicto de intereses: veinte de los que aprobaron las modificaciones tienen al menos una propiedad en alquiler, y algunos más poseen deudas con empresas del sector inmobiliario.
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Si bien no hay una prohibición legal de que legislen sobre la materia, la Oficina Anticorrupción establece que “existe un conflicto de intereses cuando se produce una confrontación entre el interés público y los intereses privados del funcionario, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades”.
Y la Ley de Ética Pública en su Artículo 2° inciso d) exhorta a todo funcionario público, pero en este caso los legisladores nacionales, a “no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello”.
Los diputados con múltiples propiedades en alquiler
El caso más extremo, sin dudas, es el de la legisladora PRO de Santa Fe Germana Figueroa Casas, quien según su declaración jurada posee 13 propiedades de las cuales alquila 10 a través de la inmobiliaria Bauen Pilay. Según especifica la DDJJ que presentó en 2022, la mayoría de las propiedades las adquirió por “herencia” y posee únicamente el 25 por ciento de ellas. Más allá de eso, no le pareció motivo para abstenerse de votar.
Otro caso notable es el del diputado PRO de Río Negro, Anibal Tortoriello, quien cuenta con 13 propiedades de las cuales declaró 6 en alquiler, incluido un condominio a su nombre. Pablo Tonelli, diputado del PRO por la Capital Federal, también tiene 11 propiedades de los cuales declaró 6 en alquiler; y acciones en las empresas de servicios inmobiliarios Malleo SRL, Almatri SRL y Nerón SRL. Los dos votaron favorablemente.
Casos particulares son los de legisladores deudores. Como el santafecino José Carlos Nuñez, que declaró ser dueño de dos propiedades y de poseer un terreno en alquiler. No sólo eso: al momento de presentar su Declaración Jurada, en 2022, le debía 28 millones de pesos a un fideicomiso de administración. Lo mismo que el diputado por la Capiatal Federal, Álvaro Gonzalez, que es titular de cuatro propiedades pero según su DDJJ no alquila ninguna: tres están declaradas como “inversión”. Aún así, al momento de presentar los papeles le debía 2 millones de pesos a la inmobiliaria Metrourban S.A.
El jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, es otro caso para observar. No declaró propiedades a su nombre más que un lote, pero sí declaró las acciones que tiene a su nombre de las empresas familiares que administra: la constructora Emprendimientos Rivadavia S.A. y la empresa Waterford S.A., que en los registros oficiales está catalogada en el rubro “servicios inmobiliarios”. Consultado por INFOCIELO, su equipo justificó que no le correspondía abstenerse porque “ambas son empresas de construcción. Ritondo no alquila ni arrienda”.
Una “Identidad bonaerense” con conflictos de intereses
No sólo los legisladores de Juntos por el Cambio votaron pese a tener conflictos de intereses entre su función en el Poder Legislativo y sus negocios en el ámbito privado. En el bloque Identidad Bonaerense, que cuenta con tres bancas, dos de sus miembros votaron a favor de la modificación de la Ley de Alquileres en esa condición.
Uno de los legisladores es el candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, quien declaró 7 propiedades ante la Oficina Anticorrupción de las cuales alquila 5 y posee una como “inversión”. También se mostró a favor del cambio de condiciones para los inquilinos.
Graciela Camaño no declaró propiedades en alquiler, pese a que sí marcó en su Declaración Jurada que es dueña de un local comercial, lo catalogó como “inversión”. Sin embargo, la DDJJ da cuenta de la deuda que tiene, por casi 3 millones de pesos, con el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires.
El tercer diputado del bloque, Alejandro “Topo” Rodríguez votó en contra. Curiosamente, era el único en condiciones moralmente aceptables de hacerlo, ya que según su DDJJ sólo posee una propiedad: en la que vive.
¿Qué otros diputados tienen propiedades en alquiler?
El resto de la lista de legisladores y legisladoras que votaron pese a tener propiedades declaradas en alquiler son:
- Claudio Poggi (8 propiedades, 5 en alquiler)
- Roxana Reyes (14 propiedades, 3 declaradas en alquiler)
- Alberto Asseff (6 propiedades, 2 en alquiler)
- Emiliano Yacobitti (5 propiedades, 2 en alquiler)
- Fabio Quetglas (6 propiedades, 1 en alquiler)
- Paula Oliveto (5 propiedades, 1 en alquiler)
- Ignacio García Aresca (4 propiedades, 1 en alquiler)
- Fernando Iglesias (4 propiedades, 1 en alquiler)
- Ana Carla Carrizo (3 propiedades, 1 en alquiler)
- Sebastián Salvador (3 propiedades, 1 en alquiler)
- Luis Amaya (2 propiedades, 1 en alquiler)
- Omar De Marchi (2 propiedades, 1 en alquiler)
- Martin Tetaz (2 propiedades, 1 en alquiler).
- Facundo Manes (3 propiedades, 1 campo en alquiler)
- Pablo Torello (1 propiedad, 4 campos en alquiler)
*Los datos fueron obtenidos de sus declaraciones juradas oficiales, presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Puede haber modificaciones respecto al ejercicio actual.
Uno por uno: ¿Cómo votaron los diputados sobre la Ley de Alquileres?
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