El gobierno de María Eugenia Vidal anunciará oficialmente la Reforma Integral del Sistema de Justicia, la cual tendrá como principales ejes a “despolitizar y trasparentar el sistema”, además de hacer “más accesible” a la justicia y priorizar a la “víctima” en los procesos judiciales.
Con la excusa de “estudios” y “encuestas” que ubican hoy al sistema judicial como uno de los que menos irradia “confianza en la ciudadanía”, el gobierno bonaerense encabezará una ambiciosa medida que buscará la readecuación del funcionamiento de los juzgados, el proceso de selección de jueces y la modificación de los códigos procesales.
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“Proponemos una Reforma Integral de la Justicia en la Provincia de Buenos Aires, que trabajará sobre las normas y los actores, con el objetivo de despolitizar y transparentar el sistema, y de hacer más accesible la justicia, poniendo en el centro a la víctima de delito”, explica un comunicado oficial.
Actualmente, el funcionamiento de la justicia en la Provincia muestra algunas situaciones insólitas: “en un mismo Departamento Judicial encontramos un juzgado con 70 causas al año y otro con más de 2.800 causas en el mismo período ”, detallan desde gobernación.
Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia, y María Eugenia Vidal.
“También existen grandes diferencias en las duraciones promedio de las causas: en algunas ocasiones una adopción puede durar un promedio de 433 días, y en otras 157. Un proceso laboral, 1.126 días en un caso y 428 en otro”, indican.
Sin embargo, el núcleo de la reforma tiene como objetivo a la transformación del proceso de selección de jueces y fiscales, en donde deje de ser más importante el “criterio político que laevaluación y capacidad de los postulantes”.
Por su parte, desde la administración que lidera Vidal, argumentan que “los Códigos Procesales están desactualizados y cada uno es una maraña de reformas que generan tardanzas, impunidades, inequidades e injusticias”.
Por esto, Cambiemos buscará “despolitizar y transparentar el sistema” a partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento de los Magistrados.
“Quienes no cumplen debida y honradamente sus funciones, no pueden mantenerse indefinidamente en sus cargos. Hemos visto en el último tiempo casos de suspensiones o remociones por causas gravísimas, como el encubrimiento, la aceptación y el cobro de coimas para arreglar adopciones”, manifiestan desde el Ejecutivo bonaerense.
Para esto, desde gobernación presentaron un proyecto de “Ley de Enjuiciamiento de Magistrados” que permita “acortar los plazos del juicio, apartar rápidamente a quienes no estén cumpliendo correctamente sus funciones, y también evitar que los procesos sean utilizados como una herramienta de presión política a los jueces y fiscales”.
“Actualmente, los juicios a magistrados son iniciados y resueltos por una Comisión, encabezada por el Presidente de la Suprema Corte. Pero dado que la Presidencia de la Corte rota cada un año y cada Presidente que inicia un juicio no tiene la obligación de terminarlo, los juicios se traban. A partir de ahora, el Presidente que inicie el proceso tendrá el deber de finalizarlo. Reforma del proceso de selección y capacitación de Magistrados”, explican el nuevo procedimiento.
Por su parte, otro de los puntos importante de la reforma es “focalizar los procesos judiciales en la víctima” con el nuevo Código Procesal Penal.
“Durante años la atención del Estado se apartó de las víctimas, ubicándolas en una situación de desigualdad y acentuando el proceso de victimización. La víctima fue la gran ausente en el proceso penal, quedando relegada a un plano inferior y totalmente indefensa”, puntualizaron.
Para eso, el gobierno de Cambiemos en la Provincia está impulsando un nuevo Código Procesal Penal “para garantizar la participación de la víctima durante todo el proceso judicial”.
“La reforma busca que la víctima pueda conocer y participar en las decisiones que tome el juez a lo largo de todo el proceso, y que tenga voz en casos como otorgamientos de juicios abreviados, salidas transitorias o libertad condicional”, relataron.
“También, la reforma buscará reducir la cantidad de recursos que puede usar un delincuente para no ser encarcelado y de este modo reducir los tiempos de los juicios. Actualmente, un abusador de menores puede por ejemplo pasar 11 años en libertad recurriendo a mecanismos procesales, pese a ser condenado”, concluyeron.
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