En un encuentro con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, este martes la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) le propuso al Gobierno nacional la posibilidad de que las empresas utilicen dólares no declarados para el pago de importaciones.
En una llamativa propuesta, desde CGERA le reclamaron al secretario de Comercio los beneficios otorgados mediante la ley 27.613 hacia el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, con el objetivo de que las PyMES logren obtener permisos de importación.
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Se propone “la posibilidad de exteriorizar activos externos para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes de capital, y de aquellos productos que sean necesarios para sustituir compras externas”, explicitaron.
La solicitud se dio luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extienda las trabas para importar que vencían el 30 de septiembre y las prorrogase por otros tres meses hasta el 31 de diciembre.
En medio de la escasez de reservas, desde CGERA aprovecharon la coyuntura para pedir utilizar los dólares fuera del sistema en la compra de maquinaria o insumos industriales, a fin de “no frenar las plantas”.
También, reclamaron crear una “Administración del Comercio Exterior”, con el fin de importar aquellos insumos o materias primas que luego terminarán por desarrollarse en Argentina.
“Esta iniciativa consistiría en una declaración jurada cada 30 días de las Pymes que necesiten importar un insumo o materias primas, que no se produzcan en el país para la fabricación de su producto final y que este o estas no superen el 25 % de su facturación en el mismo periodo, es decir, que quede de manifiesto el agregado de valor al pedido de importación por parte de la empresa”, indicaron en la propuesta entregada a Tombolini.
Se trata de un mecanismo de control, a través de las cámaras sectoriales, los municipios o el gobierno provincial, los cuales deberán verificar la veracidad de las declaraciones, con el objetivo de evitar sobrefacturaciones y especulaciones, por un lado, y de darles certidumbre a las industrias.
Para ello, el Gobierno debería instrumentar “en forma urgente una lista de posiciones arancelarias estratégicas que impliquen todas las materias primas que utilizan las industrias PYMES, y garantizar para esa lista las autorizaciones para su importación y la provisión de las divisas necesarias para que puedan ser efectuadas, por parte del Banco Central. Quedarían por fuera de este beneficio todas las posiciones de todo tipo de productos terminados cuya importación podía ser autorizada, aunque no así su financiación”, manifestaron.
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