Después de un tratamiento a puertas cerradas, donde no se dejó ingresar a vecinos y vecinas, el Concejo Deliberante de Ayacucho aprobó una ordenanza que habilita a fumigar a menos de 100 metros de viviendas y escuelas rurales. Hubo escándalo: sólo participaron los concejales del bloque de Juntos por el Cambio. La sesión se dio en un clima de tensión, luego de que concejales del oficialismo se negaran a continuar ante la presencia de vecinos. Hubo insultos y disturbios.
La norma, además, permite pulverizaciones a tan solo 25 metros de cursos de agua y 2 mil metros de forma aérea. Tantos los vecinos que viven en localidades rurales como en la ciudad, no fueron consultados por las autoridades municipales.
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Pero, las razones de cómo esta ordenanza se terminó aprobando en el HCD de Ayacucho, amplifica la polémica. El primer borrador del proyecto de ordenanza había sido redactado por tres sectores del agro involucrados: el Círculo de Ingenieros Agrónomos, la Sociedad Rural de Ayacucho y la Federación Agraria. Si bien una vez ingresado, se dieron algunas modificaciones desde el bloque de Juntos por el Cambio, el espíritu del proyecto no se vio alterado.
Ni siquiera después de haber escuchado los argumentos de la organización ambiental local, Agroecología Ayacucho y otros vecinos, que puntualizaron en que, para aprobarse, faltaba elaborar un informe de impacto ambiental previo y tener en cuenta varias consideraciones respecto a la amenaza que los distintos agroquímicos provocan en la salud humana. Por tomar solo un ejemplo: el año pasado se confirmó que toda una familia de Pergamino, afectada por los agroquímicos, sufría de “daño genético”.
Por ahora, el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier (Juntos por el Cambio), no se pronunció respecto a la ordenanza que se aprobó dentro de las sesiones extraordinarias que él convocó.
“Los concejales oficialistas no pudieron justificar el por qué de los 100 metros. Además, en la ordenanza no se reconoce ninguno de los aportes de la ciencia y tampoco se explicita cómo va a ser el organismo de control de las fumigaciones”, le contó a INFOCIELO, María Eugenia Bordagaray, referenta de Agroecología Ayacucho.
El momento en que se suspendió la sesión (Foto: Urgente Ayacucho)
Desde la agrupación ambiental remarcan, además, que la ordenanza propone 2 mil metros de exclusión para la zona urbana y 500 en la zona rural,“desconociendo que allí habitan muchas familias”.
Por su parte, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza alternativo en el cual planteaba más de 1 mil metros de exclusión y prohibía las fumigaciones aéreas, pero en el recinto se vio derrotado por la mayoría oficialista.
“El proyecto de ordenanza que presentó el oficialismo es grave, porque en sus considerandos no tuvieron en cuenta nunca a la salud de la gente. No reconocieron nunca la diversa cantidad de estudios y evidencia científica que existe respecto al tema y que habla del peligro de exponerse a los agrotóxicos”, manifestó para este medio, el concejal del FdT, Juan Giussepucci.
Otro dato a destacar es que, durante la sesión, un concejal del bloque oficialista votó en contra del artículo que proponía 100 metros de exclusión para las pulverizaciones. “Creo que los 45 mts de los agrónomos ponen en riesgo la salud pública”, le explicó a este portal, el concejal de JxC, Isaías Algañaraz, que propuso 500 metros “para acompañar al sector productivo sin alterar o afectar el delicado equilibrio natural”. Otros y otras ediles del bloque oficialista, se negaron a dar declaraciones a este medio.
Vale aclarar que la Ley General del Ambiente (ley 25.675) dispone aplicar el principio precautorio “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Bloque de concejales oficialistas.
¿LOBBY Y PRESIONES DEL AGRO?
La extraña urgencia de los y las concejalas del oficialismo para tratar el proyecto de ordenanza, no parece ser una novedad en la región. Según la organización ambiental Naturaleza Derechos, existe un fuerte lobby de algunos sectores del agronegocio para que se aprueben este tipo de ordenanzas, en municipios donde actualmente no existe una reglamentación clara.
“El sector agroindustrial a través de la Sociedad Rural, CREA, CASAFE, Colegio de Ingenieros Agrónomos/as, entre otras organizaciones, está bajando en simultáneo en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde no hay normativa vigente que regule las aplicaciones terrestres de agrotóxicos, proyectos de ordenanza que establecen distancias de protección que ponen en riesgo la salud de la población, el ambiente y la biodiversidad. Lobos, Ayacucho, General Rodríguez, son un ejemplo, y seguramente se sumarán más en los próximos meses”, denunciaban hace poco, desde Naturaleza Derechos.
Para los ambientalistas, las distancias planteadas para permitir las fumigaciones con agroquímicos “no tienen un fundamento técnico-científico”, y aseguran que “desde el momento que se liberan al ambiente, son incontrolables y los riesgos de contaminación ambiental y afectación a la salud humana y la biodiversidad, son muy altos”.
Para Agroecología Ayacucho, ese “apuro” en el HCD local puede venir por dos razones: el ya sancionado Código del Uso del Suelo permanece frenado y este, prohibía las fumigaciones en todo el partido. La ordenanza parece venir a reeditar esa decisión que había sido tomada por algunos de los mismos concejales que votaron este miércoles.
En tanto, se cree que existe una “devolución de favores” de parte del municipio para con el sector del agro. Sucede que, a principio del año, el intendente Cordonnier impuso un aumento de tasas rurales del 50 por ciento y desde el campo, no se escucharon mayores protestas.
Daño en la piel de niños, en Pergamino (foto: Infobae)
LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS QUE ALERTAN SOBRE LAS FUMIGACIONES
El texto elaborado por entidades rurales a favor del agronegocio y finalmente aprobado por los concejales, reconoce el peligro de la exposición a los agroquímicos, pero al mismo tiempo asegura que “no existen” pruebas fehacientes que certifiquen un daño a la salud si se aplican a una distancia considerable.
Sin embargo, en el mundo y en el país se han llevado a cabo diferentes estudios científicos que contradicen lo que plantean los defensores de las fumigaciones. En primer lugar, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió en 2015 que “hay pruebas convincentes de que el glifosato” –uno de los herbicidas más utilizados en las cosechas de soja transgénica –“puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”.
Pero ya en la Argentina, el científico del CONICET, Andrés Carrasco, publicó en 2009 un estudio en la revista Chemical Research in Toxicology, en donde se comprobó que las ranas roseadas con agroquímicos manifestaban cambios en los niveles de ácido retinoico, lo que les generaba modificaciones similares a los que los médicos observaron en las comunidades expuestas a las fumigaciones. El ácido retinoico, que es una forma de Vitamina A, es fundamental para combatir el cáncer.
Como si fuera poco, posteriormente otra científica argentina, la doctora Delia Aiassa, comprobó daño genético en personas que viven cerca de campos fumigados. El estudio de la especialista se realizó sobre una base de 30 aplicadores de agrotóxicos y 22 personas sin exposición laboral a agrotoxicos. Mientras que en los primeros se identificó un “serio daño genético”, en el segundo grupo ese riesgo desapareció.
Según se desprende del informe de Aiassa, el daño al genoma humano “es, probablemente, la principal causa de trastornos crónicos degenerativos, toxicidad reproductiva y problemas de desarrollo”.
Por todo este peso científico, y fundamentalmente por las resistencias en algunas localidades del país, la justicia está comenzando a fallar a favor de los vecinos y vecinas fumigadas. El caso más paradigmático ocurrió en septiembre del año pasado en Pergamino, cuando el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, prohibió las fumigaciones aéreas por 3 mil metros de exclusión y las terrestres por mil metros.
Ese histórico fallo en el corazón del agronegocio bonaerense, permitió que otros juzgados se animaran a sostener medidas en el mismo orden. Así sucedió en Tandil, a tan solo 80 kilómetros de Ayacucho, en donde el juez Blanc interpuso una medida cautelar para suspender fumigaciones hasta que el municipio a cargo de Miguel Lunghi (Juntos por el Cambio), presente un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante local, contemplando las observaciones que indican desde los especialistas.
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