La audiencia de los alegatos en el jury contra el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, tuvo un nuevo escándalo este martes luego de que se presentara una denuncia penal en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata contra la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez.
La denuncia contra la jueza y el fiscal la radicó Scapolán, en la que acusa por coacción agravada a los dos funcionario judiciales del fuero federal, luego de que un testigo explicara en el juicio político que sufrió aprietes para declarar en el proceso que llevó al fiscal de San Isidro al jury.
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Con la intervención del juez Ernesto Kreplak por la denuncia de coacción agravada, desde el Juzgado Federal N° 3 de La Plata se pidió el cuerpo del expediente de la denuncia del testigo que dio detalles de los aprietes que sufrió, en los que apuntó a Domínguez y Arroyo Salgado.
Kreplak solicitó a la presidenta del jurado de enjuiciamiento, Ana María Bourimborde, la copia de la denuncia del testigo Carlos Daniel Maidana, pero ese cuerpo no fue entregado al titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, ni tampoco se pudo analizar en la audiencia de alegatos de este martes.
Desde el organismo que conduce Bourimborde se explicó que la presidenta del jurado de enjuiciamiento que dirime la culpabilidad o no de Scapolán, no tuvo tiempo para tratar el pedido de Kreplak y que por tal motivo el cuerpo del expediente no llegó al magistrado.
Este nuevo escándalo pone dudas sobre el procedimiento en el juicio político contra Scapolán.
De acuerdo a lo que se adelantó, la sentencia del jury se comunicará el próximo lunes.
Como adelantó este lunes INFOCIELO durante el jury al fiscal Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de haber robado media tonelada de cocaína en un allanamiento, uno de los testigos declaró haber sido “coaccionado” por parte de miembros del Poder Judicial, por lo que ahora se evalúa si una jueza y un fiscal federal pueden ser sometidos a un juicio político.
El testigo que instaló las dudas sobre la investigación federal es Carlos Daniel Maidana, quien en una de las audiencias del jury, aseguró: “Me amenazaron con que me iba a pudrir en la cárcel, y que tenía que mencionar a ciertos nombres para no morirme preso”.
Así las cosas, los miembros del jurado de enjuiciamiento iniciaron actuaciones por coacción contra la jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez por haber inventado pruebas contra el fiscal investigado, como demuestra la declaración del testigo clave en el proceso.
El abogado del fiscal Scapolán, Luciano Locatelli, afirmó que “Arroyo Salgado y Domínguez escribieron una novela inventada por los Servicios de Inteligencia y por (Elisa) Carrió con el propósito de hacer campaña política contra (Sergio) Massa, y en el medio quedaron funcionarios y personas que no tienen nada que ver. No sólo el fiscal, sino que sus secretarios estuvieron seis meses detenidos”.
Además, el abogado señaló que “la jueza debería renunciar a su cargo. No sólo por mal desempeño, sino que ella misma testificó en su defensa que está bajo tratamiento psiquiátrico. Necesita asistencia médica. Todos son narcotraficantes, delincuentes y corruptos, menos ella. Ahora, resulta que la única que inventa causas, inventa testigos y extorsiona policías es ella. Así la apartaron en esta y varias causas en la Cámara Federal de San Martín y lo confirmó la Casación”.
El defensor continuó diciendo que “el juicio al fiscal se derrumbó en pleno proceso, a pesar de las trampas que insiste en consumar (Ana María) Bourimborde, de la mano de (Julio) Conte Grand y quienes sostienen esta novela”.
Por su parte, el fiscal Scapolán manifestó: “Soy una víctima de los Servicios y de estos delincuentes. Todo lo que rodea a Arroyo Salgado, Domínguez, Carrió y otros, están vinculados con (Jaime) Stiusso y las peores basuras de nuestro país. La misma jueza admitió en varias oportunidades que la nombraron por pedido de la SIDE. Ante esta declaración, deberían detener esta operación y avanzar en la investigación de estos”.
Qué dijo el testigo en su declaración
Al ser interrogado por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el testigo del allanamiento que dio origen a la causa Anacona expresó que fue víctima de coacción por parte de miembros del Poder Judicial.
“Sobre el procedimiento Anacona acá se escribió que se habían robado la mitad de la droga y eso es mentira. Acá no se robaron ninguna droga ni el personal policial ni yo. Yo me tuve que hacer cargo de cosas que no sucedieron para poder recuperar mi libertad”, manifestó a la vez que agregó: “Recibí presiones y tuve que declarar lo que declaré para poder recuperar mi libertad. Fui coaccionado por una acción judicial. Tenía miedo de morir preso”.
Al ser consultado sobre quién los coaccionó mencionó: “Siempre estuvo presente el fiscal Domínguez y el personal del juzgado, de la fiscalía. Ya estaba todo armado, estaba todo escrito, yo solamente dije que “si” o que “no” a algunas cosas”.
“Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal Domínguez y la Dra. Salgado, a sabiendas de que si no declaraba podía quedar preso un montón de años. Así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad y no quedar detenido”, expresó el testigo en otro pasaje de su declaración.
La persona de identidad reservada concluyó diciendo: “A la semana de que yo firmé mi declaración y homologaron el tratado con la Dra. Salgado. Mi nombre, mi apellido, mi cara salieron en todos los medios y a partir de ahí fue una cacería en contra mía. Me quisieron matar, recibí atentados, amenazaron a mi familia, cambié a mis hijos de colegio, tuve que cambiar a mi familia de casa. Pasé un montón de cosas por algo que no sucedió”.
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