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Bajan los homicidios pero las balas policiales siguen matando igual que hace 13 años en la provincia de Buenos Aires

Angela Oyhandy autora del libro "Las muertes que no (se) cuentan revela que la letalidad por armas oficiales fue por policías fuera de servicio.

El miércoles pasado se presentó el libro que pone foco en las fuerzas de seguridad y la letalidad policial en la provincia de Buenos Aires. Una investigación de Santiago Galar, Yésica Montagna y Ángela Oyhandy que parte de un largo proceso académico iniciado en 2013. Participaron de la jornada Sabina Frederic (Exministra de seguridad de la Nación, investigadora UNQ/CONICET), Juan Luis González (periodista) y Victoria Darraidou (coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales) como comentaristas.

La socióloga Ángela Oyhandy en dialogo con INFOCIELO explicó que el libro “reconstruye los homicidios producidos por armas de fuego de fuerzas de seguridad tomando de año base el 2012 y sigue el recorrido judicial y administrativo de esas causas”. La investigadora cuenta que “no había datos oficiales” por eso el primer objetivo fue recolectar la información de distintos organismo para crear una estadística completa y, luego abordar el contexto y las características que tenían esas muertes.

Lejos de la imagen cinematográfica del tiroteo entre patrulleros en servicio y bandas delictivas, la realidad detrás de las muertes provocadas por balas policiales en territorio bonaerense responde a otra lógica, profundamente invisibilizada. “La gran mayoría de los hechos en que los policías matan a otras personas tienen que ver con hechos fuera del horario de servicio, cuando no portaban sus uniformes, cuando estaban solos y en hechos que ellos presentan y la investigación judicial convalida como presuntos intentos de robo. Esa es la escena predominante”, detalla la socióloga a cargo del prólogo, conclusiones y dirección de la investigación, impulsado por el Observatorio de Políticas de Seguridad (OPS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Para la investigadora, los datos obligan a cuestionar la supuesta función preventiva de andar armado de civil: “Estábamos muy sensibilizados por los casos de gatillo fácil más emblemáticos del momento, como Luciano Arruga. Lo que muestra la investigación es que esos casos existen y tienen características muy particulares, pero no permiten entender la totalidad de las muertes que cometen los funcionarios policiales, que tienen que ver con estas otras escenas y que nos están diciendo algo sobre el uso de armas de fuego fuera del horario de trabajo y cierta cultura institucional que alienta la disponibilidad de armas las 24 horas, los 365 días del año”.

El nudo del problema: el “estado policial” las 24 horas

Uno de los hallazgos más contundentes de la investigación reside en la situación laboral de los efectivos al momento de gatillar. De acuerdo con el relevamiento, de cada tres presuntos victimarios sobre los que se obtuvieron datos, dos actuaron vestidos de civil, encontrándose la mitad en “franco de servicio” o “en tránsito”, frente a apenas un tercio que estaba efectivamente cumpliendo funciones operativas. Esta dinámica está atravesada por el concepto de “estado policial”, una condición estructural que habilita y obliga a los agentes a portar su arma reglamentaria e intervenir las 24 horas del día, incluso estando de vacaciones o retirados.

El resultado cotidiano de este mandato es alarmante. Según reconstruyeron los autores, la escena más frecuente es la de un efectivo de civil que, circulando en soledad y sin apoyo operativo, se cruza con un presunto asaltante en la vía pública, priorizando en muchos casos el resguardo de bienes materiales mediante el uso de fuerza letal.

Oyhandy advierte que “es algo que a veces aparece como un factor de protección, el arma de fuego, y toda la evidencia muestra exactamente lo contrario. Ante una situación de peligro, la presencia de las armas aumenta exponencialmente las posibilidades de matar o de morir. De hecho, aunque no es tema del libro, la mayoría de los policías que mueren, mueren en este tipo de hechos: fuera de servicio, cuando intentaban repeler un supuesto robo”.

La opacidad del Estado y la cifra oculta

Para dimensionar el fenómeno, el equipo de investigadores debió sortear barreras institucionales severas. Mientras que los registros oficiales informáticos de la Procuración General apenas contabilizaban 11 casos para el año testigo, el entrecruzamiento riguroso de expedientes en fiscalías, archivos periodísticos y organismos de derechos humanos elevó el número real a 120 hechos con 127 víctimas fatales, representando más del 10 por ciento del total de los homicidios dolosos de la Provincia en ese período.

Imagen del libro

“El propio Estado tiene una gran dificultad para reconstruir qué pasa con todas estas situaciones”, señala la investigadora al remarcar que no se trató de un obstáculo exclusivo para la academia, sino de un síntoma de la fragmentación en los sistemas de registro y clasificación de los múltiples actores estatales -fiscalías, ministerios, auditorías-.

Al profundizar en las pericias de los expedientes, el estudio expone asimetrías drásticas, “más del 80 por ciento de las muertes ocurrió en el Conurbano bonaerense“, detalla la autora. El Gran Buenos Aires lidera las estadísticas los departamentos judiciales de San Martín, Lomas de Zamora y Quilmes.

  • Otro dato significativo que encontraron los investigadores fueron las edades de las personas que resultaron fallecidas, registrando una presencia muy alta de menores de edad. El 63,4 por ciento de las víctimas tenía entre 10 y 25 años, en un tercio de los hechos (34%) la única arma presente en la escena era la reglamentaria del propio policía. Mientras que los agentes dispararon un promedio de 6,3 veces por hecho, las víctimas armadas promediaron 1,8 disparos, en varios casos relevados por autopsias, los proyectiles ingresaron de atrás hacia adelante.

Impunidad judicial y ausencia de control interno

El capítulo final de la investigación expone el derrotero judicial y administrativo de estas muertes. Tras un seguimiento de hasta seis años, los autores comprobaron que “en la gran mayoría de estos hechos, los policías ni siquiera son imputados como autores”, siendo considerados directamente como testigos en más del 40 por ciento de las causas analizadas.

“El espíritu del trabajo no fue una actitud punitivista de plantear desde el vamos que todos estos hechos deberían ser condenados, sino realmente una actitud de pregunta y de necesidad de conocer integralmente”, aclara Oyhandy, y añade: “No es nuestro lugar ser jueces ni tenemos los elementos, pero sí es muy significativo que un porcentaje tan bajo sea investigado por la Justicia como una muerte que requiere ser esclarecida. La gran mayoría de los casos que pudimos seguir se cierran antes de la etapa de juicio y muchos ni siquiera son imputados”.

En numerosos expedientes, las carátulas judiciales llegaron a invertir los roles procesales: la persona fallecida figuraba como imputada por el intento de robo y el efectivo que disparaba era tratado como víctima. De las causas con resolución firme relevadas, la inmensa mayoría concluyó en archivos o sobreseimientos bajo una aplicación laxa de la “legítima defensa”, con un porcentaje marginal de condenas y ninguna de cumplimiento efectivo.

En paralelo, los órganos de control jugaron un rol contemplativo. “Independientemente de la decisión judicial de no avanzar, desde Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad no hay un abordaje específico de estas situaciones, siguen trabajando en la mayoría de los casos”, apunta Oyhandy. Años después de los hechos, una porción mayoritaria de los agentes involucrados continuaba en servicio activo y un porcentaje ínfimo había sido exonerado.

Frente a un escenario donde los homicidios dolosos en general descendieron de forma sostenida en las últimas décadas en el país, el estudio advierte que las muertes provocadas por personal policial se mantienen relativamente constantes con oscilaciones mínimas, evidenciando una especificidad que requiere políticas públicas diferenciadas.

El contexto de los debates: de la disputa de 2013 al retroceso actual

Uno de los ejes centrales que aborda Oyhandy en el prólogo del libro es el contraste entre el clima político en el que se inscribieron aquellos hechos y el escenario actual. Mientras que en los últimos 13 años los homicidios dolosos generales descendieron cerca de un 40 o 50 por ciento en el país, las muertes provocadas por policías se mantuvieron casi estables, con una fluctuación mínima cercana al 10 por ciento. Pese a esa persistencia, el tema perdió peso en la discusión pública.

“En torno al 2013, y muy fuertemente influenciado por el asesinato de Lautaro Bugatto —un chico que estaba caminando y recibió el disparo por error de un policía de civil que creyó que lo iban a robar—, se empieza a armar la campaña contra la violencia institucional”, recuerda la socióloga. En aquel caso hubo condena efectiva porque se conjugaron el activismo de organizaciones sociales (como el Movimiento Evita, donde militaba el hermano de la víctima), organismos de derechos humanos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, actores académicos y un seguimiento del Estado nacional y provincial.

“Lo singular de ese momento es que se alzó y se organizó muy fuertemente un movimiento que discutía la legitimidad de estos hechos en un contexto donde, al igual que pasa hoy, desde distintos sectores se trataban de justificar estas muertes”, reflexiona Oyhandy. Y marca la diferencia con el presente: “Era una disputa que encarnaban actores con mucho poder y representatividad, incluso dentro de un gobierno donde había matices y posiciones muy diferentes, como Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad por un lado, y referentes de organizaciones sociales como Leo Grosso o el ‘Chino’ Navarro por el otro, impulsando esta campaña. Esa coyuntura de interpelación y disputa sobre qué hacer con la violencia estatal es muy distinta al momento actual”.

Para la autora, rescatar esa memoria reciente tiene un sentido político urgente, “creemos que vale la pena visibilizar todos esos activismos, todas esas discusiones y procesos que buscaron disputar el sentido de la política de seguridad”.

La necesidad de un observatorio estatal y un protocolo integral

De cara al futuro, la conclusión central de la investigación apunta a transformar la mirada institucional sobre el uso letal de la fuerza, tomando como espejo los avances logrados en otras problemáticas sociales.

“Cuando empezamos a escribir, una de las cosas que vimos fue la jerarquización del problema del femicidio y cómo eso generó registros específicos y observatorios de sentencias. Creemos que este tema es lo suficientemente importante y relevante como para generar sus propias instancias específicas de seguimiento”, plantea Oyhandy.

En esa línea, advierte que las herramientas actuales del Estado resultan insuficientes porque fragmentan la información y pierden el rastro de las causas y de los agentes, “hoy existe el registro de violencia institucional por parte de la Procuración, pero nos parece importante avanzar hacia un observatorio de sentencias y de seguimiento de estos hechos, para que el ejercicio que hicimos desde la investigación con tanto esfuerzo pueda ser parte de una política de Estado”. Como ejemplo de buena práctica a profundizar, menciona el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo Racional de Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación —creado en 2010—, aunque advierte que “estudia todos estos hechos, pero no hace un seguimiento de qué pasó después con las causas ni qué se hizo con el personal”.

Finalmente, la directora del proyecto subraya que un abordaje estatal serio no solo responde a una agenda de derechos humanos y seguridad democrática, sino también a la formación y el cuidado de los propios trabajadores policiales. “Cuando estas situaciones pasan por la Justicia y luego llegan a Asuntos Internos, nos interesaba saber no sólo si los policías eran echados de la institución, sino si hay un abordaje sobre estas situaciones traumáticas, si hay un seguimiento o un protocolo. En el momento en que hicimos la investigación eso no existía, y nos parece fundamental no sólo desde una perspectiva de seguridad democrática y derechos humanos, sino también de salud mental para los propios funcionarios policiales”.

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