Durante años, el sistema de prevención del lavado de dinero en la Argentina funcionó bajo una paradoja advertida incluso por el Fondo Monetario Internacional: una sobrecarga de controles burocráticos sobre pequeños contribuyentes que, en la práctica, terminaba por congelar la capacidad de fiscalizar al gran crimen organizado. Frente al debate por la flexibilización de trámites y los procesos de regularización fiscal, la discusión técnica viró hacia un cambio de paradigma global exigido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En su paso por Infocielo Play, el contador público y exdirector de Análisis e Información Financiera de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Manuel Jara, utilizó una analogía gráfica para definir el nuevo rumbo que debe tomar el país: dejar de fiscalizar “hormiguitas” para concentrar los recursos del Estado en cazar a los “elefantes” del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.
De perseguir hormigas a cazar elefantes: la recomendación clave del GAFI
Al analizar las reformas normativas y el mito de que aliviar trámites equivale a otorgar una “zona liberada” al capital ilícito, Jara fundamentó el cambio en la Recomendación 1 del GAFI: el denominado Enfoque Basado en Riesgo. “Significa direccionar los recursos de los países —recursos que son finitos— a aquellos lugares donde se entiende que hay más riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”, explicó el exfuncionario.
En esa línea, el especialista advirtió sobre las consecuencias del exceso de papelerío acumulado en la última década. “Hay un informe del FMI que entiende que la Argentina está sobrecargada de tareas de control, y la realidad es que cuando sobrecargás tareas de control, en la práctica terminás por no controlar nada”, aseveró Jara.
Para ilustrar la diferencia entre la burocracia inútil y la inteligencia financiera, el analista contrapuso la escala de las operaciones: “Los elefantes serían aquellos delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas o la corrupción. La génesis de las Unidades de Información Financiera en todo el mundo busca evitar que estos elefantes pasen a través de sociedades complejas, testaferros o el uso de efectivo”.
La bancarización como trampa: el rastro que expone al crimen organizado
Frente a la sospecha de que la regularización y el uso de canales electrónicos faciliten el blanqueo del dinero narco, Jara sostuvo una tesis opuesta: el verdadero refugio del delito es el circuito marginal de billetes en mano. “El efectivo no es trazable, no deja rastro; en cambio, las operaciones bancarizadas están dentro de la órbita de monitoreo de los bancos”, remarcó.
Bajo esta premisa, empujar las operaciones al sistema bancario no distiende la vigilancia, sino que enciende los radares de fiscalización. “Si incentivas a que la gente use los bancos y los medios de pago electrónicos, estás dotando al sistema de prevención de más posibilidades de monitorear las operaciones”, indicó el especialista.
De acuerdo al planteo de Jara, la vulnerabilidad del delincuente sale a la luz cuando intenta volcar sus ganancias ilícitas en el consumo formal o en bienes registrables. “Si alguien tiene dinero mal habido se expone más si realiza una operación bancaria o la compraventa de un inmueble, porque eso pasa bajo el monitoreo del escribano o del Registro de la Propiedad; en algún momento realizan un gasto o compra que los expone”, graficó.
El termómetro de los ROS: 100 mil alertas al año y el desafío de evitar el “reporte defensivo”
El esquema de detección se apoya en la red de “sujetos obligados” —bancos, contadores, escribanos— que deben remitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF cuando detectan incoherencias patrimoniales. “Un ROS no es una acusación de delito en ese momento, sino una alerta. Por ejemplo, alguien de 20 años sin monotributo que viene con 500 mil dólares en efectivo a comprar un inmueble. Eso se envía a la UIF, se procesa con inteligencia financiera y luego se pone a disposición de la Justicia”, detalló Jara.
Respecto a la eficacia del sistema, el exdirector del organismo reveló que la Argentina registra un volumen considerable de alertas: “Según los informes, hay más de 100.000 reportes de operaciones sospechosas por año, lo que demuestra un compromiso creciente”. No obstante, marcó como desafío pendiente afinar la calidad de las alertas: “Existe el ‘ROS defensivo’, donde se reporta por las dudas para evitar sanciones. La UIF y el sector privado deben interactuar para que la emisión sea cada vez más eficiente”, concluyó.
