El clima político institucional en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata se encuentra atravesando horas críticas a raíz de una serie de acusaciones vertidas contra el espacio que conduce el centro de estudiantes y la propia gestión académica. Distintos sectores de la comunidad universitaria manifestaron su profunda preocupación ante lo que consideran maniobras sistemáticas orientadas a alterar la transparencia democrática de los comicios internos, una situación que generó un fuerte revuelo en los pasillos de la unidad académica.
Según expusieron los denunciantes, las irregularidades han experimentado un crecimiento notable en los últimos períodos electorales, involucrando a actores clave del proceso. Las críticas apuntan directamente a la labor de las autoridades de mesa y a docentes de la institución —varios de ellos identificados como exmilitantes de la Agrupación Rodolfo Walsh—, a quienes responsabilizan por consentir y facilitar prácticas alejadas de la ética institucional que debe regir en la educación pública superior.
La suplantación de identidad y el reclamo ante la universidad
Uno de los puntos más álgidos de la controversia se remonta a diciembre del año pasado, momento en el que se presentó formalmente una denuncia acompañada por material probatorio que documentaría un caso directo de suplantación de identidad durante las votaciones. Ante la gravedad de los hechos exhibidos, los espacios opositores elevaron un pedido expedito de intervención a las autoridades centrales de la UNLP con el objetivo de restablecer los estándares democráticos e institucionales que históricamente han caracterizado a la casa de estudios.
A pesar de las presentaciones efectuadas en los canales institucionales correspondientes, la tensión volvió a incrementarse durante el presente ciclo lectivo tras detectarse nuevas inconsistencias en la administración edilicia y académica. La falta de respuestas categóricas frente a las pruebas arrastradas del proceso anterior impulsó a los estudiantes a intensificar las acciones de visibilización y a recurrir a la difusión de registros audiovisuales para respaldar sus reclamos comunitarios.
La polémica emisión de documentos en el Departamento de Alumnos
El foco del conflicto más reciente se sitúa en la tramitación del documento indispensable para emitir el sufragio y acreditar la condición estudiantil en los exámenes. Diversos grupos denunciaron que desde el Departamento de Alumnos se están emitiendo libretas universitarias bajo una modalidad “exprés”, prescindiendo de los controles de verificación y requisitos mínimos exigidos por la reglamentación vigente. La expedición anómala de estas credenciales abre la puerta, según los reclamos, a la reiteración de fraudes comiciales.
El malestar y la indignación crecieron de forma exponencial a partir de la publicación de videos descriptivos en redes sociales donde se evidencia la entrega irrestricta de estas libretas. Para los referentes estudiantiles que impulsan la denuncia, este tipo de procedimientos expeditivos carentes de rigor administrativo responde a una estrategia deliberada para inflar los padrones y garantizar el triunfo del oficialismo estudiantil mediante métodos antidemocráticos.
Convocatoria a la fiscalización y defensa de la transparencia
Frente a este escenario, los sectores críticos han lanzado un llamado abierto a todo el claustro estudiantil para organizarse activamente y fiscalizar las próximas mesas de votación. El objetivo planteado pasa por conformar un esquema defensivo que impida la consumación de maniobras fraudulentas y garantice la autenticidad del voto de cada alumno regularmente inscripto en las diferentes carreras que dicta la facultad.
La iniciativa busca no solo la custodia física de las urnas, sino también la concientización del estudiantado sobre la importancia de consolidar un modelo universitario ético, participativo y transparente. A través de la difusión de contenidos informativos y el debate en las aulas, se pretende construir un frente colectivo capaz de revertir el deterioro institucional denunciado y asegurar que la voluntad democrática de Periodismo sea respetada sin condicionamientos.
