La defensa de la universidad pública también tuvo representación de los gobiernos locales bonaerenses durante la quinta Marcha Federal Universitaria. La Liga de Intendentes participó de la movilización realizada este jueves frente al Congreso de la Nación, en una jornada atravesada por el reclamo para que el Gobierno de Javier Milei garantice los recursos destinados a la educación superior.
Los jefes comunales que integran el espacio acompañaron a estudiantes, docentes, integrantes de la comunidad educativa y ciudadanos autoconvocados que se concentraron para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la disputa por el presupuesto de las casas de estudio.
A través de un mensaje conjunto, los intendentes remarcaron la importancia de sostener la inversión educativa y plantearon que el acceso a la formación universitaria resulta central para ampliar las oportunidades de la población.
“Desde la Liga de Intendentes acompañamos el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, porque estamos convencidos de que la educación es fundamental para construir una Argentina con más oportunidades”, expresaron.
En la misma línea, destacaron que la defensa del sistema universitario no se limita a una discusión presupuestaria, sino que también involucra las posibilidades de desarrollo personal y colectivo. “Defender la universidad pública es defender el derecho a estudiar, crecer y construir un futuro mejor”, sostuvieron.
La Liga de Intendentes está integrada por Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Federico Achával, de Pilar; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Marisa Fassi, de Cañuelas; Gastón Granados, de Ezeiza; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Juan Pablo García, de Dolores; y Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero.
La participación del espacio se sumó al respaldo de organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas que confluyeron en la movilización para reclamar el cumplimiento de la ley y defender el financiamiento de la educación superior pública.
